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"Paraguay es un centro de experimentación de formas de control social y persecución popular"
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Un
termo de agua caliente y un vaso con yerba mate le acompañan cada una
de sus palabras y silencios. En Paraguay el tereré es la bebida por
excelencia, pero el fresquito que hace en julio en el País Vasco invita a
ingerir algo más caliente. Termina de teclear unas cosas, da un trago,
ofrece, sonríe. Tras un saludo inicial y una pregunta de cortesía, ¿cómo
va todo por Paraguay?, Perla Álvarez, presidenta de Conamuri
(Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas), no
duda ni un instante.
“Paraguay es un centro de experimentación de nuevas formas de control social, a través de mecanismos de persecución a la lucha popular y a las personas defensoras de derechos humanos”. La respuesta obliga a una conversación larga y sosegada sobre este país en el corazón de América Latina, uno de los más desiguales, pero de los que más crece en términos macroeconómicos.
El agronegocio para la exportación así como la generación de energía eléctrica arrojan unos dinámicos ratios de Producto Interior Bruto (PIB), que ha engordado una media del cinco por ciento en la última década. Mientras tanto, la mayor parte de la población vive muy empobrecida: más del 30 por ciento están en situación de pobreza o pobreza extrema.A la sombra de Argentina y Brasil, poco se habla de lo que aquí sucede. Cinco años del golpe de Estado parlamentario al expresidente Fernando Lugo, las noticias sobre Paraguay apenas llegan en cuentagotas a la prensa internacional. Apenas el conato del actual presidente, Horacio Cartes, de modificar la Constitución para poder así ser reelegido resquebrajó levemente ese silencio mediático, al originar duras protestas e incluso la quema el Parlamento hace unos meses.
¿A qué se refiere al afirmar que Paraguay es un centro de experimentación? “Perfeccionado, el golpe de Honduras se reproduce en Paraguay, y éste se aplica, aún de manera más perfeccionada, en Brasil. El sistema capitalista está ejerciendo nuevos métodos y formas de opresión y dominación sobre el territorio, que es de interés del capital, y también sobre las personas, para mantener un dominio ideológico”. Así arranca una larga conversación, interrumpida solo por el ir y venir de la gente que pasa alrededor, y por pautados tragos al mate.
“Paraguay es un país eminentemente agroexportador de granos de soja [el cuarto del mundo] y de otras semillas transgénicas, como el trigo o el maíz. Todo lo que se produce en el agronegocio no es para consumo interno, incluso la ganadería extensiva [es el sexto exportador mundial de carne de vacuno] también es para la exportación. Es la parte sobrante, casi la peor parte, la que queda para el mercado interno. Nuestros medios de comunicación masivos dicen que el agronegocio aporta a la economía nacional, pero es una propaganda falsa porque la gente en el campo está pasando hambre. Hay una pobreza extraordinaria”.
Perla Álvarez ha viajado hasta Derio (Vizcaya) para participar en la VII Conferencia Internacional de la Vía Campesina, uno de los movimientos sociales más dinámicos. Desde más de 70 países y de más 400 organizaciones llegaron medio millar de personas. Siete de ellas, de Paraguay, una región dedicada eminentemente al sector primario pero con una distribución muy desigual de la tierra. El 90 por ciento está en manos de un 5 por ciento de propietarios (unos 12.000), mientras que el restante 10 por ciento se reparte entre 280.000 pequeños y medianos productores, recoge un reciente informe de Oxfam titulado ‘Yvy jára. Los dueños de la tierra en Paraguay’.
Además de aportar datos y estadísticas que explican que “Paraguay presenta la distribución de la tierra más desigual del mundo”, el informe de Oxfam también dedica espacio a ‘los dueños’, de los que destaca 15 grandes propietarios. Entre ellos, aparece el nombre del presidente y su conglomerado empresarial, el Grupo Cartes, que engloba a más de una veintena de empresas de diferentes sectores.
Narcopolítica
“Tenemos en este momento un Gobierno de corte fascista que proviene de la narcopolítica”. Perla Álvarez habla de cárteles brasileños como el Primer Comando Capital y Comando Vermelho, también del asesinato “a luz pública”, en junio de 2016, de Jorge Rafaat, un narcotraficante “al que la prensa duda cómo presentarlo, si empresario, narcotraficante o líder de una banda criminal”; de la “disputa de poder intraoligárquico” de una mafia que, dice, está empotrada en el Estado”. Y añade: “Tenemos intendentes, concejales, gobernadores, diputados, senadores y hasta la propia Presidencia de la República vinculada el narcotráfico. La narcopolítica es la que tiene el control casi absoluto en nuestro territorio, vinculada a las empresas multinacionales, para seguir avanzando en el modelo del agronegocio”. Los informes de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) confirman, con términos similares, la visión de la activista paraguaya.
Horacio Cartes, del Partido Colorado, una de las formaciones tradicionales, llegó al poder en 2013, en las primeras elecciones tras la caída de Lugo. Sin pasado político, sólo era conocido por su faceta empresarial y por su relación con el contrabando. Incluso su nombre apareció en Wikileaks: “Fue investigado por encabezar una organización criminal dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de su empresa Banco Amambay (…), así como por la introducción ilegal de tabaco desde Paraguay a Estados Unidos”, recoge el informe de Oxfam.
Antecedentes, aventuras y desventuras, de sobra conocidos en el país. “Tenemos un Gobierno que representa los intereses de la oligarquía y la burguesía, que es la misma gente que acapara toda la tierra, que está aliada con las multinacionales para la producción de soja, que tiene los medios de comunicación, que tienen las cadenas de supermercados… El control de todos los medios de producción se reduce a poquísimas familias, entre ellas, el propio Cartes. Es un nuevo personaje que entra en ese escenario después de acumular riquezas a través del contrabando de cigarrillos y el narcotráfico. Estar en la presidencia de la República le da una impunidad mucho mayor y desde entonces ha ido incursionando en nuevas áreas de la economía, entrando en competencia con otros poderosos, como el grupo Zucolillo y el grupo Vierci”.
Curuguaty, un punto de inflexión
En
junio de 2012 cambió la reciente historia de Paraguay. Entre los
habituales desalojos de campesinos y campesinas, por su violencia
desmedida, uno acaparó todo el interés desde el primer momento: once
campesinos y seis policías murieron en Curuguaty. Sólo se juzgó a los
primeros, a quienes se culpabilizó en un proceso que ha durado años. El
conflicto que provocaron estos hechos se tradujo en un juicio político a
Lugo, en un golpe de Estado parlamentario que descabezó a la izquierda y
fragmentó a los movimientos sociales, en pleno proceso de
empoderamiento.
“Curuguaty marca una inflexión en nuestra historia política. Es una certeza para nosotros que fue una masacre montada. Se buscaba generar un conflicto social de tal envergadura que desestabilizara políticamente al Gobierno, para poder justificar el juicio político que le hicieron a Lugo. Ése era el plan. Y les salió redondito. Porque no solamente sacaron a Lugo, fue un golpe preventivo ante la posibilidad del ascenso social que se podía venir. La gente estaba empezando a entender, mínimamente, cómo funciona la cosa pública, cómo se administra, cómo se corrompe allí dentro. Y también entendió que en el Estado hay muchísimos recursos que se generan con nuestro trabajo y que están garantizando infraestructuras, servicios e incluso disponibilidad económica para el agronegocio, que es el que nos está matando y es por el que se dio la masacre”.
El Gobierno de Lugo, el exsacerdote que encabezó una coalición de izquierdas (Frente Guasú), generó algunos entusiasmos en la ciudadanía tras romper 60 años de gobierno del Partido Colorado. Pero, como recuerda Perla Álvarez, abrió grietas ahora dilatadas. “En el periodo de Lugo se legaliza la primera semilla transgénica, y [Federico] Franco, que cubre el periodo de la transición, legaliza por lo menos otras 13. Ya con Cartes, otras 20”. Lugo es ahora senador y presidente del Parlamento, tras un acuerdo con Cartes: “Tenemos ahora una izquierda muy fragilizada. Con el golpe todas nuestras organizaciones terminaron fragmentándose. Fue un golpe certero porque no fue contra Lugo, que está vivito y coleando”.
Los movimientos de sillas, los apoyos y gestos de cara a las elecciones del próximo año son evidentes. Sin ir más lejos, Lugo apoyó a Cartes para modificar la Constitución y poder así resultar reelegido. “No entra en la cabeza cómo puede negociar con sus verdugos, con quienes le echaron del poder”. Álvarez, profesora de guaraní, lengua originaria oficial en Paraguay, cree que las organizaciones sociales deben hacer otras apuestas a la vez que reclaman cambios en el sistema electoral: “Nosotras hablamos de no entrar en esta cuestión electoral por ahora, sino de seguir apostando por construir poder popular desde el territorio. Sigamos apostando por fortalecimiento de nuestras organizaciones y trabajando con nuestras propuestas de soberanía alimentaria, agroecología y que lo que hagamos sea lo que nos avale la necesidad de cambiar el sistema electoral, de manera que nos posibilite una participación más equitativa, transparente y con alguna garantía”.
Rostro televisivo
‘Tembi’u rape’ el programa de televisión que dirigió y presentó hace años hablando, en guaraní, de la cocina paraguaya, de los productos locales, del consumo de cercanía y de la agricultura ecológica sigue reponiéndose en la pequeña pantalla por sus elevados datos de audiencia: “Es la primera vez que el campesinado paraguayo tiene un rol positivo, un rol que les da autoestima, en la televisión”.
Considera que las transformaciones estructurales no se logran con un cambio de presidencia, sino que deben ir más allá y afectar al sistema judicial, cuya última táctica ha sido, apunta, la criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos y de las organizaciones, a las que se persigue administrativa y burocráticamente. Por ejemplo, la sede de Conamuri ha sido allanada y dos integrantes están imputadas: “Hay una persecución. Es la respuesta a nuestro nivel de lucha. La confrontación es brutal. La gente pobre está siendo criminalizada por ser pobre o porque se organizó siendo pobre. No hay un líder con claridad política que no esté imputado o preso. Incluso gente que hizo resistencia a las fumigaciones. En 2015, 200 personas fueron imputadas por presentar resistencia a los agrotóxicos, que es una cuestión de sobrevivencia, porque la gente está muriendo con las fumigaciones”.
Y vuelve el tema de la tierra, el sempiterno yugo en Paraguay desde la guerra de la Triple Alianza del siglo XIX, cuando Argentina, Brasil y Uruguay le arrancaron miles de kilómetros. Como recuerda Oxfam, sigue sin dejarse atrás la venta de tierras, a precios irrisorios, a compañías extranjeras para afrontar los pagos de deudas: una treintena de firmas de capital extranjero se hicieron con el 40 por ciento del territorio paraguayo.
El expolio continúa hoy
‘Contrarreforma agraria’ es el concepto que utiliza Perla Álvarez para denunciar la situación: “Hay una concentración cada vez mayor de la tierra en pocas manos, sobre todo, en empresarios del agronegocio, tanto sojeros como ganaderos. Y para poder expandir este modelo se necesita desalojar a la gente, despoblar el campo, porque somos una molestia. Y el Estado interviene con las fuerzas del orden, con recursos públicos, para hacer esa limpieza. No sólo te quitan del territorio, sino que siembran un terror en el entorno de la comunidad, te aíslan”. Y describe las tácticas: desde endeudamientos en los que la tierra es el aval, a amedrentamientos, imputaciones, bajos precios para las producciones, fumigaciones o faltas de recursos como escuelas… La población indígena, muy significativa en Paraguay, no es ajena a estas dolorosas jugarretas. Son varias las ocasiones en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha dado la razón.
Público
“Paraguay es un centro de experimentación de nuevas formas de control social, a través de mecanismos de persecución a la lucha popular y a las personas defensoras de derechos humanos”. La respuesta obliga a una conversación larga y sosegada sobre este país en el corazón de América Latina, uno de los más desiguales, pero de los que más crece en términos macroeconómicos.
El agronegocio para la exportación así como la generación de energía eléctrica arrojan unos dinámicos ratios de Producto Interior Bruto (PIB), que ha engordado una media del cinco por ciento en la última década. Mientras tanto, la mayor parte de la población vive muy empobrecida: más del 30 por ciento están en situación de pobreza o pobreza extrema.A la sombra de Argentina y Brasil, poco se habla de lo que aquí sucede. Cinco años del golpe de Estado parlamentario al expresidente Fernando Lugo, las noticias sobre Paraguay apenas llegan en cuentagotas a la prensa internacional. Apenas el conato del actual presidente, Horacio Cartes, de modificar la Constitución para poder así ser reelegido resquebrajó levemente ese silencio mediático, al originar duras protestas e incluso la quema el Parlamento hace unos meses.
¿A qué se refiere al afirmar que Paraguay es un centro de experimentación? “Perfeccionado, el golpe de Honduras se reproduce en Paraguay, y éste se aplica, aún de manera más perfeccionada, en Brasil. El sistema capitalista está ejerciendo nuevos métodos y formas de opresión y dominación sobre el territorio, que es de interés del capital, y también sobre las personas, para mantener un dominio ideológico”. Así arranca una larga conversación, interrumpida solo por el ir y venir de la gente que pasa alrededor, y por pautados tragos al mate.
“Paraguay es un país eminentemente agroexportador de granos de soja [el cuarto del mundo] y de otras semillas transgénicas, como el trigo o el maíz. Todo lo que se produce en el agronegocio no es para consumo interno, incluso la ganadería extensiva [es el sexto exportador mundial de carne de vacuno] también es para la exportación. Es la parte sobrante, casi la peor parte, la que queda para el mercado interno. Nuestros medios de comunicación masivos dicen que el agronegocio aporta a la economía nacional, pero es una propaganda falsa porque la gente en el campo está pasando hambre. Hay una pobreza extraordinaria”.
Perla Álvarez ha viajado hasta Derio (Vizcaya) para participar en la VII Conferencia Internacional de la Vía Campesina, uno de los movimientos sociales más dinámicos. Desde más de 70 países y de más 400 organizaciones llegaron medio millar de personas. Siete de ellas, de Paraguay, una región dedicada eminentemente al sector primario pero con una distribución muy desigual de la tierra. El 90 por ciento está en manos de un 5 por ciento de propietarios (unos 12.000), mientras que el restante 10 por ciento se reparte entre 280.000 pequeños y medianos productores, recoge un reciente informe de Oxfam titulado ‘Yvy jára. Los dueños de la tierra en Paraguay’.
Además de aportar datos y estadísticas que explican que “Paraguay presenta la distribución de la tierra más desigual del mundo”, el informe de Oxfam también dedica espacio a ‘los dueños’, de los que destaca 15 grandes propietarios. Entre ellos, aparece el nombre del presidente y su conglomerado empresarial, el Grupo Cartes, que engloba a más de una veintena de empresas de diferentes sectores.
Narcopolítica
“Tenemos en este momento un Gobierno de corte fascista que proviene de la narcopolítica”. Perla Álvarez habla de cárteles brasileños como el Primer Comando Capital y Comando Vermelho, también del asesinato “a luz pública”, en junio de 2016, de Jorge Rafaat, un narcotraficante “al que la prensa duda cómo presentarlo, si empresario, narcotraficante o líder de una banda criminal”; de la “disputa de poder intraoligárquico” de una mafia que, dice, está empotrada en el Estado”. Y añade: “Tenemos intendentes, concejales, gobernadores, diputados, senadores y hasta la propia Presidencia de la República vinculada el narcotráfico. La narcopolítica es la que tiene el control casi absoluto en nuestro territorio, vinculada a las empresas multinacionales, para seguir avanzando en el modelo del agronegocio”. Los informes de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) confirman, con términos similares, la visión de la activista paraguaya.
Horacio Cartes, del Partido Colorado, una de las formaciones tradicionales, llegó al poder en 2013, en las primeras elecciones tras la caída de Lugo. Sin pasado político, sólo era conocido por su faceta empresarial y por su relación con el contrabando. Incluso su nombre apareció en Wikileaks: “Fue investigado por encabezar una organización criminal dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de su empresa Banco Amambay (…), así como por la introducción ilegal de tabaco desde Paraguay a Estados Unidos”, recoge el informe de Oxfam.
Antecedentes, aventuras y desventuras, de sobra conocidos en el país. “Tenemos un Gobierno que representa los intereses de la oligarquía y la burguesía, que es la misma gente que acapara toda la tierra, que está aliada con las multinacionales para la producción de soja, que tiene los medios de comunicación, que tienen las cadenas de supermercados… El control de todos los medios de producción se reduce a poquísimas familias, entre ellas, el propio Cartes. Es un nuevo personaje que entra en ese escenario después de acumular riquezas a través del contrabando de cigarrillos y el narcotráfico. Estar en la presidencia de la República le da una impunidad mucho mayor y desde entonces ha ido incursionando en nuevas áreas de la economía, entrando en competencia con otros poderosos, como el grupo Zucolillo y el grupo Vierci”.
Curuguaty, un punto de inflexión
En
junio de 2012 cambió la reciente historia de Paraguay. Entre los
habituales desalojos de campesinos y campesinas, por su violencia
desmedida, uno acaparó todo el interés desde el primer momento: once
campesinos y seis policías murieron en Curuguaty. Sólo se juzgó a los
primeros, a quienes se culpabilizó en un proceso que ha durado años. El
conflicto que provocaron estos hechos se tradujo en un juicio político a
Lugo, en un golpe de Estado parlamentario que descabezó a la izquierda y
fragmentó a los movimientos sociales, en pleno proceso de
empoderamiento.“Curuguaty marca una inflexión en nuestra historia política. Es una certeza para nosotros que fue una masacre montada. Se buscaba generar un conflicto social de tal envergadura que desestabilizara políticamente al Gobierno, para poder justificar el juicio político que le hicieron a Lugo. Ése era el plan. Y les salió redondito. Porque no solamente sacaron a Lugo, fue un golpe preventivo ante la posibilidad del ascenso social que se podía venir. La gente estaba empezando a entender, mínimamente, cómo funciona la cosa pública, cómo se administra, cómo se corrompe allí dentro. Y también entendió que en el Estado hay muchísimos recursos que se generan con nuestro trabajo y que están garantizando infraestructuras, servicios e incluso disponibilidad económica para el agronegocio, que es el que nos está matando y es por el que se dio la masacre”.
El Gobierno de Lugo, el exsacerdote que encabezó una coalición de izquierdas (Frente Guasú), generó algunos entusiasmos en la ciudadanía tras romper 60 años de gobierno del Partido Colorado. Pero, como recuerda Perla Álvarez, abrió grietas ahora dilatadas. “En el periodo de Lugo se legaliza la primera semilla transgénica, y [Federico] Franco, que cubre el periodo de la transición, legaliza por lo menos otras 13. Ya con Cartes, otras 20”. Lugo es ahora senador y presidente del Parlamento, tras un acuerdo con Cartes: “Tenemos ahora una izquierda muy fragilizada. Con el golpe todas nuestras organizaciones terminaron fragmentándose. Fue un golpe certero porque no fue contra Lugo, que está vivito y coleando”.
Los movimientos de sillas, los apoyos y gestos de cara a las elecciones del próximo año son evidentes. Sin ir más lejos, Lugo apoyó a Cartes para modificar la Constitución y poder así resultar reelegido. “No entra en la cabeza cómo puede negociar con sus verdugos, con quienes le echaron del poder”. Álvarez, profesora de guaraní, lengua originaria oficial en Paraguay, cree que las organizaciones sociales deben hacer otras apuestas a la vez que reclaman cambios en el sistema electoral: “Nosotras hablamos de no entrar en esta cuestión electoral por ahora, sino de seguir apostando por construir poder popular desde el territorio. Sigamos apostando por fortalecimiento de nuestras organizaciones y trabajando con nuestras propuestas de soberanía alimentaria, agroecología y que lo que hagamos sea lo que nos avale la necesidad de cambiar el sistema electoral, de manera que nos posibilite una participación más equitativa, transparente y con alguna garantía”.
Rostro televisivo
‘Tembi’u rape’ el programa de televisión que dirigió y presentó hace años hablando, en guaraní, de la cocina paraguaya, de los productos locales, del consumo de cercanía y de la agricultura ecológica sigue reponiéndose en la pequeña pantalla por sus elevados datos de audiencia: “Es la primera vez que el campesinado paraguayo tiene un rol positivo, un rol que les da autoestima, en la televisión”.
Considera que las transformaciones estructurales no se logran con un cambio de presidencia, sino que deben ir más allá y afectar al sistema judicial, cuya última táctica ha sido, apunta, la criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos y de las organizaciones, a las que se persigue administrativa y burocráticamente. Por ejemplo, la sede de Conamuri ha sido allanada y dos integrantes están imputadas: “Hay una persecución. Es la respuesta a nuestro nivel de lucha. La confrontación es brutal. La gente pobre está siendo criminalizada por ser pobre o porque se organizó siendo pobre. No hay un líder con claridad política que no esté imputado o preso. Incluso gente que hizo resistencia a las fumigaciones. En 2015, 200 personas fueron imputadas por presentar resistencia a los agrotóxicos, que es una cuestión de sobrevivencia, porque la gente está muriendo con las fumigaciones”.
Y vuelve el tema de la tierra, el sempiterno yugo en Paraguay desde la guerra de la Triple Alianza del siglo XIX, cuando Argentina, Brasil y Uruguay le arrancaron miles de kilómetros. Como recuerda Oxfam, sigue sin dejarse atrás la venta de tierras, a precios irrisorios, a compañías extranjeras para afrontar los pagos de deudas: una treintena de firmas de capital extranjero se hicieron con el 40 por ciento del territorio paraguayo.
El expolio continúa hoy
‘Contrarreforma agraria’ es el concepto que utiliza Perla Álvarez para denunciar la situación: “Hay una concentración cada vez mayor de la tierra en pocas manos, sobre todo, en empresarios del agronegocio, tanto sojeros como ganaderos. Y para poder expandir este modelo se necesita desalojar a la gente, despoblar el campo, porque somos una molestia. Y el Estado interviene con las fuerzas del orden, con recursos públicos, para hacer esa limpieza. No sólo te quitan del territorio, sino que siembran un terror en el entorno de la comunidad, te aíslan”. Y describe las tácticas: desde endeudamientos en los que la tierra es el aval, a amedrentamientos, imputaciones, bajos precios para las producciones, fumigaciones o faltas de recursos como escuelas… La población indígena, muy significativa en Paraguay, no es ajena a estas dolorosas jugarretas. Son varias las ocasiones en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha dado la razón.
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