CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “La gente a la que no le gusta los
monopolios es porque no tiene uno. A mí me encantan”. Esta frase se
atribuye a Emilio Azcárraga Milmo, quien fuera presidente de Grupo
Televisa, la misma empresa que ahora tiembla por el aterrizaje en México
de un competidor que podría disputarle el control de los contenidos
deportivos por televisión.
Detrás del miedo que algunos andan repartiendo por la fusión de las empresas globales Disney y Fox está la realidad: la amenaza que pesa sobre el monopolio de la transmisión de los eventos deportivos que actualmente existe en México.
El diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña subió a tribuna el pasado miércoles 6 de febrero para alertar sobre el tema con argumentos que no fueron del todo honestos:
“Estamos ante un escándalo mayor: si se permite este (nuevo) monopolio (privado) Disney podría obtener hasta 40% del mercado … y los partidos de la Liga Mexicana de Futbol se transmitirían en televisión restringida … (entonces) la gente tendría que pagar por verlos.”
Una de dos: o Gerardo Fernández Noroña trabaja conscientemente para Televisa, o bien es un incauto que le está haciendo el trabajo sucio a alguien más.
Desde que el futbol se volvió uno de los dos mejores negocios para la televisión mexicana –el otro es la religión–, Grupo Televisa ostenta el control de los contenidos deportivos que se transmiten por la pantalla chica: aproximadamente seis de cada 10 partidos de la Liga Mexicana son su negocio principal.
Por ejemplo, la publicación ViceSport reporta que, durante 2016, de los 274 partidos de la temporada de la Liga, 156 (56.9%) fueron transmitidos por los canales abiertos de Televisa, o bien por sus plataformas TDN y SKY. A este despliegue dominante de mercado debe sumarse la compra de derechos relacionados con los torneos más relevantes del planeta.
En contraste, de acuerdo con la misma fuente, ESPN cubrió ese mismo año 8.7%, y Fox Sports 6.2%, de los contenidos deportivos para el mercado mexicano. Estos datos querrían decir que, una vez consumada la eventual fusión entre Disney (dueña de ESPN) y Fox (propietaria de Fox Sports), el competidor de Televisa no lograría arrebatarle arriba de 15% del pastel.
Desde esta perspectiva no es cierto, como alertó Fernández Noroña, que los partidos de la Liga Mexicana de Futbol vayan a caer en las garras del nuevo monopolio global encabezado por Disney, ni que se transmitirían solamente por televisión restringida o que los consumidores se verán, en automático, forzados a pagar por este servicio.
Se trata de una serie de conclusiones apresuradas cuyo propósito evidente es asustar con el petate de un muerto que todavía goza de cabal salud: Grupo Televisa.
El diputado fue más lejos al proponer a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un punto de acuerdo en el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a que evite “la concentración de mercado de producción y distribución de contenidos audiovisuales” en favor de Disney. En el mismo punto de acuerdo, la Jucopo citó al presidente del IFT, Gabriel Oswaldo Contreras, para que acuda a San Lázaro con el propósito de informar sobre la fusión.
La materia de este punto de acuerdo, por entero, es inconstitucional: primero, porque la Cámara de Diputados invade las facultades del IFT, un órgano autónomo según la Carta Magna, al querer orientar sus deliberaciones sobre una fusión que en este momento está siendo apenas analizada; segundo, porque los diputados animan al IFT para favorecer al monopolio existente (Televisa) y con ello deciden afectar a un futuro competidor, cuyo peso real en el mercado de distribución de contenidos deportivos no rebasa el 15%.
Y tercero, más importante, porque los legisladores tendieron una trampa al presidente del IFT, ya que de aceptar la invitación incurriría en un acto de responsabilidad administrativa.
De acuerdo con los artículos 124 y 125 de la Ley de Telecomunicaciones, los comisionados deben abstenerse de cualquier pronunciamiento público o de revelar información relacionada con los expedientes o procedimientos que causen daño o perjuicio a los involucrados hasta que no se haya notificado al Agente Económico investigado la resolución definitiva.
En otras palabras, si Gabriel Oswaldo Contreras acude a la reunión con los diputados para informar cualquier tema relativo a la fusión Disney-Fox incurriría en una falta que podría inhabilitarlo para continuar ocupando su cargo.
Fernández Noroña propuso un acto ilegal que sus colegas de la Jucopo avalaron y, para esconder la mano, produjo una cortina de humo con el argumento falso de que, debido a la fusión entre las empresas Disney y Fox, los mexicanos tendremos que pagar para ver los juegos de la Liga Mexicana; y todo lo anterior para proteger los intereses empresariales de Grupo Televisa.
En una cosa Fernández Noroña tiene razón: la fusión Disney-Fox en Estados Unidos, China y otros países dejó fuera los contenidos deportivos. En la nación vecina, por ejemplo, la autoridad obligó a Disney a deshacerse de las cadenas locales dedicadas al deporte.
Cabe prever que algo similar suceda en México, si así lo determina el IFT, pero mientras la deliberación toma su cauce, lo correcto sería dejar que los comisionados hagan su trabajo sin presiones de los competidores interesados, o de sus amigos en el Congreso.
Este análisis se publicó el 10 de febrero de 2019 en la edición 2206 de la revista Proceso.
Detrás del miedo que algunos andan repartiendo por la fusión de las empresas globales Disney y Fox está la realidad: la amenaza que pesa sobre el monopolio de la transmisión de los eventos deportivos que actualmente existe en México.
El diputado del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña subió a tribuna el pasado miércoles 6 de febrero para alertar sobre el tema con argumentos que no fueron del todo honestos:
“Estamos ante un escándalo mayor: si se permite este (nuevo) monopolio (privado) Disney podría obtener hasta 40% del mercado … y los partidos de la Liga Mexicana de Futbol se transmitirían en televisión restringida … (entonces) la gente tendría que pagar por verlos.”
Una de dos: o Gerardo Fernández Noroña trabaja conscientemente para Televisa, o bien es un incauto que le está haciendo el trabajo sucio a alguien más.
Desde que el futbol se volvió uno de los dos mejores negocios para la televisión mexicana –el otro es la religión–, Grupo Televisa ostenta el control de los contenidos deportivos que se transmiten por la pantalla chica: aproximadamente seis de cada 10 partidos de la Liga Mexicana son su negocio principal.
Por ejemplo, la publicación ViceSport reporta que, durante 2016, de los 274 partidos de la temporada de la Liga, 156 (56.9%) fueron transmitidos por los canales abiertos de Televisa, o bien por sus plataformas TDN y SKY. A este despliegue dominante de mercado debe sumarse la compra de derechos relacionados con los torneos más relevantes del planeta.
En contraste, de acuerdo con la misma fuente, ESPN cubrió ese mismo año 8.7%, y Fox Sports 6.2%, de los contenidos deportivos para el mercado mexicano. Estos datos querrían decir que, una vez consumada la eventual fusión entre Disney (dueña de ESPN) y Fox (propietaria de Fox Sports), el competidor de Televisa no lograría arrebatarle arriba de 15% del pastel.
Desde esta perspectiva no es cierto, como alertó Fernández Noroña, que los partidos de la Liga Mexicana de Futbol vayan a caer en las garras del nuevo monopolio global encabezado por Disney, ni que se transmitirían solamente por televisión restringida o que los consumidores se verán, en automático, forzados a pagar por este servicio.
Se trata de una serie de conclusiones apresuradas cuyo propósito evidente es asustar con el petate de un muerto que todavía goza de cabal salud: Grupo Televisa.
El diputado fue más lejos al proponer a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) un punto de acuerdo en el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a que evite “la concentración de mercado de producción y distribución de contenidos audiovisuales” en favor de Disney. En el mismo punto de acuerdo, la Jucopo citó al presidente del IFT, Gabriel Oswaldo Contreras, para que acuda a San Lázaro con el propósito de informar sobre la fusión.
La materia de este punto de acuerdo, por entero, es inconstitucional: primero, porque la Cámara de Diputados invade las facultades del IFT, un órgano autónomo según la Carta Magna, al querer orientar sus deliberaciones sobre una fusión que en este momento está siendo apenas analizada; segundo, porque los diputados animan al IFT para favorecer al monopolio existente (Televisa) y con ello deciden afectar a un futuro competidor, cuyo peso real en el mercado de distribución de contenidos deportivos no rebasa el 15%.
Y tercero, más importante, porque los legisladores tendieron una trampa al presidente del IFT, ya que de aceptar la invitación incurriría en un acto de responsabilidad administrativa.
De acuerdo con los artículos 124 y 125 de la Ley de Telecomunicaciones, los comisionados deben abstenerse de cualquier pronunciamiento público o de revelar información relacionada con los expedientes o procedimientos que causen daño o perjuicio a los involucrados hasta que no se haya notificado al Agente Económico investigado la resolución definitiva.
En otras palabras, si Gabriel Oswaldo Contreras acude a la reunión con los diputados para informar cualquier tema relativo a la fusión Disney-Fox incurriría en una falta que podría inhabilitarlo para continuar ocupando su cargo.
Fernández Noroña propuso un acto ilegal que sus colegas de la Jucopo avalaron y, para esconder la mano, produjo una cortina de humo con el argumento falso de que, debido a la fusión entre las empresas Disney y Fox, los mexicanos tendremos que pagar para ver los juegos de la Liga Mexicana; y todo lo anterior para proteger los intereses empresariales de Grupo Televisa.
En una cosa Fernández Noroña tiene razón: la fusión Disney-Fox en Estados Unidos, China y otros países dejó fuera los contenidos deportivos. En la nación vecina, por ejemplo, la autoridad obligó a Disney a deshacerse de las cadenas locales dedicadas al deporte.
Cabe prever que algo similar suceda en México, si así lo determina el IFT, pero mientras la deliberación toma su cauce, lo correcto sería dejar que los comisionados hagan su trabajo sin presiones de los competidores interesados, o de sus amigos en el Congreso.
Este análisis se publicó el 10 de febrero de 2019 en la edición 2206 de la revista Proceso.
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