Por Orlando Oramas León*
 La
Habana (PL) Cuando Cuba se presente el próximo 1 de mayo al Examen
Periódico Universal (EPU) que le corresponde en el Consejo de Derechos
Humanos, su informe estará incompleto, pues el ámbito de aplicación no
podrá incluir el territorio que Estados Unidos ocupa militarmente en la
suroriental bahía de Guantánamo.
Se trata de un área de 117,6 kilómetros cuadrados donde el Pentágono
mantiene una base naval, que el gobierno de la isla considera ilegal, y
donde desde 2003 opera un centro de detención y tortura, según denuncias
internacionales.
HISTORIA DE UNA ILEGALIDAD
La base fue
resultado de un Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales
firmado entre ambos gobiernos cuando la independencia de Cuba fue
cercenada por la imposición de una enmienda aprobada por el Congreso
estadounidense y firmada por el presidente McKinley, en marzo de 1901.
Entonces el territorio cubano estaba ocupado por el ejército del vecino
norteño. La Enmienda Platt aseguraba a Washington el derecho a
intervenir militarmente en Cuba cuando así lo considerase necesario a
sus intereses, así como a establecer la base de Guantánamo bajo los
siguientes términos:
"Si bien Estados Unidos reconoce por su
parte la continuación de la soberanía definitiva de la República de Cuba
sobre las extensiones de tierra y agua arriba descritas, Cuba
consiente, por su parte, en que, durante el período en que Washington
ocupe dicha área a tenor de las estipulaciones de este convenio, Estados
Unidos ejerzan jurisdicción sobre dichas áreas (...)
En
adición, ese mismo año, se firmó un Tratado Permanente de Relaciones
bilaterales, en el que las ocho cláusulas de la Enmienda Platt son
tomadas textualmente y convertidas en los artículos del acuerdo.
Veintiún años más tarde, el 29 de mayo de 1934, como resultado de las
luchas del pueblo cubano que derrocó al gobierno pronorteamericano de
Gerardo Machado fue firmado un nuevo Tratado de Relaciones que derogaba
el de 1903, y con ello la Enmienda Platt.
Empero, el artículo
III del nuevo trato establecía textualmente: "Respecto a esa estación
naval seguirá también en vigor en las mismas formas y condiciones el
arreglo suplementario referente a estaciones navales o carboneras
terminado entre los dos Gobiernos el 2 de julio de 1903".
"Mientras no se abandone por parte de Estados Unidos de América la dicha
Estación Naval de Guantánamo o mientras los dos Gobiernos no acuerden
una modificación de sus límites actuales, seguirá teniendo la extensión
territorial que ahora ocupa, con los límites que tiene en la fecha de la
firma del presente Tratado."
Cual prueba adicional de las
condiciones abusivas impuestas a Cuba, Washington pagaba a la isla, que
había sufrido una larga, sangrienta y destructiva guerra por su
independencia, apenas dos mil dólares por el "arriendo" de ese
territorio.
Esa instalación militar dio apoyo al gobierno de
Fulgencio Batista contra el Ejército Rebelde que comandaba Fidel Castro.
Los aviones de Batista provocaron víctimas civiles en la población
campesina de la Sierra Maestra, con bombas suministradas en la base
entre 1956 y 1958.
Desde 1959 Cuba ha denunciado la ilegalidad de la ocupación parcial de su territorio por parte de Estados Unidos.
Según La Habana, el artículo 52 de la Convención de Viena de 1969
declara la abolición de un tratado si se concluye que se ha usado la
fuerza o intervención.
Luego del triunfo de la Revolución
Cubana, dos trabajadores civiles guantanameros fueron torturados dentro
de la instalación militar. Uno de ellos resultó luego asesinado.
Disparos hechos desde el territorio cercenado a la isla también
provocaron muertes en soldados de la brigada cubana que custodia la
frontera.
CENTRO DE RECLUSIÃ"N Y TORTURA
Desde el año
2002, dentro de los campos X-Ray, Delta y Echo, en el recinto de la base
naval del Pentágono, Estados Unidos recluye a quienes considera
sospechosos de actividades terroristas.
La Casa Blanca arguyó
que los detenidos en Guantánamo se encuentran legalmente fuera de
Estados Unidos, razón principal para negarles sus derechos
constitucionales.
Durante 2004, la Corte Suprema rechazó este
argumento en el caso Rasul contra George W. Bush, y estableció que los
reclusos en Guantánamo tengan acceso a cortes norteamericanas al
considerar que la Casa Blanca tiene el control exclusivo sobre la
instalación.
Sin embargo, los internos de los campos Delta y
Echo son considerados "combatientes enemigos ilegales", por lo que no
aplican para derechos reconocidos en la Tercera Convención de Ginebra
respecto a los prisioneros de guerra, lo cual es considerado una patente
de corso para cometer violaciones a los derechos humanos.
En
noviembre de 2004 el diario The New York Times publicó extractos de un
memorando interno de la Casa Blanca sobre un informe de la Cruz Roja
Internacional que considera "equivalentes a tortura" varios de los
procedimientos aplicados contra los reclusos.
Desde ese propio
año, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha reclamado a
Estados Unidos el cierre del centro de detención en Guantánamo por
violar la legislación internacional.
Varias organizaciones de
derechos humanos en el mundo lo consideran cual moderno campo de
concentración donde se ensayan métodos para debilitar la voluntad
humana.
Los maltratos, golpizas, presiones sicológicas,
aplicación de la técnica del submarino, las ofensas religiosas, entre
otras violaciones, han provocado numerosos suicidios entre los presos.
Solo el 10 de junio del 2006 dos sauditas y un yemenita se quitaron la
vida dentro de la base, cuyo contralmirante jefe consideró el hecho "un
acto de guerra asimétrica y propaganda".
Grupos defensores de
derechos humanos en Estados Unidos realizaron a principios de abril una
jornada de protesta nacional para exigir la clausura del centro, una
promesa electoral que el presidente Barack Obama incumplió.
Las
organizaciones Testigos contra la Tortura, indicó que el Mundo no puede
Esperar y el Centro de Derechos Constitucionales también se solidarizan
con muchos de los huelguistas de hambre.
Asimismo, demandan el
fin de la detención por tiempo indefinido de los 166 hombres encerrados
en el penal hace más de una década bajo sospecha de terrorismo, pero sin
enfrentar juicio ni cargos concretos.
También este año, un
centenar de reclusos han protagonizado una larga huelga de hambre, y
muchos de ellos son alimentados, en contra de su voluntad, mediante
sondas.
Algunos de los que están sin comer desde el pasado 6 de
febrero fueron impactados por balas de goma disparadas por el personal
militar, tras oponerse a ser trasladados a celdas individuales.
Pese a que Estados Unidos se obstina en silenciar lo que ocurre allí, el
asunto incluso se convierte en un tema espinoso para sus relaciones
internacionales.
En el incidente más reciente, la Cancillería
rusa, en medio de un diferendo con Washington, emitió una lista de 18
funcionarios estadounidenses a los que se les niega el ingreso a Moscú.
"Nuestra lista incluye principalmente a aquellos responsables de
legalizar la tortura y mantener convictos ilimitadamente en la prisión
especial de Guantánamo, de detener y secuestrar ciudadanos rusos en
terceros países y de poner en peligro sus vidas y su salud", dice el
texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con tales
ventarrones, lo más probable es que sobre la cárcel de Estados Unidos en
la base naval de Guantánamo se escuche más de una denuncia en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ool/rcg
* Periodista de la Redacción Nacional de Prensa Latina |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario