Procuración de injusticias

Procuración de injusticias Luis de la Barreda Solórzano

Es una excelente noticia que se esté eximiendo a los acusados —el ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano, el general Tomás Ángeles— a quienes se llevó a juicio y se encarceló con base en declaraciones de testigos comprados, como acertadamente les llama Sergio Sarmiento Esos acusados han tenido que estar presos durante varios meses o varios años, en los cuales, además de perder su libertad, se vieron privados de su trabajo, de su alegría, de su reputación, de buena parte de su patrimonio (contratar un abogado y estar en la cárcel es sumamente oneroso) y de la cercanía con sus seres queridos. No les será fácil reponerse ni anímica ni económicamente de ese golpe tan brutal como injusto. En los sexenios panistas la Procuraduría General de la República (PGR) gastó 163 millones de pesos en pagar a esa clase de testigos “para hundir vidas”, por decirlo con las palabras de Rubén Cortés. Los afectados se convirtieron en personajes de Kafka: sabían que no habían cometido delito alguno, pero un testigo los incriminaba, y esa incriminación, aun siendo incoherente, bastaba para que se les arraigara, se les consignara y se les encarcelara. Los procuradores echaron mano de esa clase de testigos para perseguir y arruinar a personas inocentes. Eran unos 300 delincuentes a los que se les pagaban entre 20,000 y 50,000 pesos mensuales, cantidades por las cuales eran capaces de declarar lo que fuera contra quien fuera. A esos testigos se les indicaba lo que tenían que decir a fin de que se pudiera fabricar la falsa acusación, y aun así fue frecuente que los testimonios rendidos fueran inverosímiles porque, por ejemplo, se ubicaba al inculpado en una hora, una fecha y un lugar en los que se comprobó que no había estado. La fabricación de falsas acusaciones es la peor de las perversidades de la procuración de justicia. Es terriblemente injusto que un inocente esté tras las rejas. Pero es monstruosamente injusto que un inocente esté tras las rejas cuando sus acusadores saben que es inocente. Las falsas imputaciones constituyen un delito, el cual, por supuesto, es cometido no sólo por el testigo que miente sino, desde luego y con mayor gravedad, por los funcionarios que le indican que mienta. Hay muchos indicios que permiten integrar averiguaciones previas sólidas en relación con las acciones penales armadas fraudulentamente. Tal vez más inquietante que la perversidad y la miseria moral de los funcionarios acusadores y la complacencia servil y cómplice de muchos jueces, es la pasividad con que la sociedad civil ha tolerado estas tropelías. Todos sabíamos que se utilizaban testigos que vendían sus falsas imputaciones, algunos de los cuales declaraban en múltiples averiguaciones previas, y que esos testimonios tenían en la cárcel a los afectados, pero a muy pocos parecía importarles. ¿Cuántos alzaron la voz contra esa atrocidad? Posdata de cinéfilo: además de que se cometió reiteradamente desde la PGR el repugnante delito de fabricar falsas acusaciones, se ofendió el buen gusto al bautizarse al testigo protegido estrella como Jennifer, pues tal es el nombre que han llevado con gracia y elegancia magníficas y bellísimas actrices, como Jennifer Jones (¡ah, su conmovedora, memorable actuación en Duelo al sol!) y Jennifer FConnelly (que nos puso la piel chinita en Agua turbia y La casa de arena y niebla). lbarreda@unam.mx