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Argentina. Condenaron a perpetua a 4 ex jueces federales de Mendoza por delitos de lesa humanidad Kaos en la red
Por La Retaguardia
El juicio que condenó a ex jueces federales cómplices y partícipes del Terrorismo de Estado comenzó el 17 de febrero de 2014.
El
miercoles se conoció el veredicto en el juicio a los jueces en Mendoza.
Los ex jueces Otilio Romano, Rolando Carrizo, Luis Miret y Guillermo
Petra, fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa
humanidad en el marco de un genocidio. Además, hubo otras 8 perpetuas-
12 en total-, varias a penas intermedias y 5 acusados quedaron en
libertad. Radio La Retaguardia realizó una transmisión especial donde se
escucharon testimonios de referentes de organismos de derechos humanos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, dio a conocer el veredicto que condenó a prisión perpetua a 4 ex jueces federales por “crímenes de lesa humanidad y por ello imprescriptibles cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio”, según relató la secretaria que leyó el texto.
Fueron 12 condenas a prisión perpetua para: Rolando Evaristo Carrizo Elst, Luis Francisco Miret Clapés, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano Ruiz –todos ellos ex jueces federales-, Alcides Paris Francisca Beccaria, Paulino Enrique Furió Etcheverri, Pablo José Gutierrez Araya, Amando Osvaldo Fernández Miranda, José Antonio Fuertes Fernández, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Miguel Ángel Tello Amaya y Carlos Horacio Tragant Garay.
Fueron condenados a 20 años: Rubén Darío González Camargo, Julio Héctor La Paz Calderón, Dardo Migno Pipaon –estos tres incluyen delitos de violación y abuso sexual- y Ramón Ángel Puebla.
A 18 años, Marcelo Rolando Moroy Suárez.
Por su parte recibiero 15 años, Mario Alfredo Laporta Chielli y Diego Fernando Morales Pastrán y 10 años, Ricardo Benjamín Miranda Genaro. Las penas más bajas fueron a 6 años, para Oscar Alberto Bianchi Bartell y Pedro Modesto Linares Pereyra. A 5 años, Armando Hipólito Guevara Manrique.
Por otro lado, varios acusados se volvieron para sus casas, en algunos casos porque fueron condenados a 3 años de prisión condicional, Antonio Indalecio Garro Rodríguez y José Antonio Lorenzo Constantino, o el caso de Héctor Rubén Camargo Granda, Miguel Ángel Ponce Carrera y Juan Carlos Ponce Ochoa fueron absueltos.
El juicio que condenó a ex jueces federales cómplices y partícipes del Terrorismo de Estado comenzó el 17 de febrero de 2014. Se trata de jueces que actuaron durante la dictadura militar, pero que también tuvieron una participación activa luego del retorno de la democracia para retrasar los juicios, demorarlos y garantizar así la impunidad a los genocidas.
Durante todo el proceso judicial, familiares y amigos de los imputados y simpatizantes de los represores hicieron todo lo posible para amedrentar y atemorizar al jurado, testigos y querellantes tanto dentro como fuera del juzgado. Taparon murales con leyendas a favor de la lucha por los derechos humanos y uno de los hijos de un represor imputado llegó a una de las audiencias con un auto Falcon verde, tal como contó Victoria González, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Rafael, Mendoza.
Pablo Salinas, el abogado querellante de este juicio por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) dijo a La Retaguardia antes de conocer la sentencia: “es un día de justicia y de memoria hacia nuestros compañeros que sabemos que nos acompañan desde algún lugar”.
A pesar de las condenas condicionales y las absoluciones, la importancia de esta sentencia a 4 de los jueces federales que participaron de los crímenes de lesa humanidad y encubrieron a los genocidas es que se da en el marco de un contexto político que pretende la reconciliación con los represores y con una Corte Suprema que quiere imponer impunidad a través de la sanción del 2×1. “Es un mensaje de que podemos seguir luchando por la justicia y podemos seguir avanzando sobre la complicidad civil”, había dicho Salinas antes del veredicto. El de hoy fue un día histórico, porque los ex jueces fueron condenados. Lo que queda por delante hoy parece imposible: avanzar sobre la complicidad civil. De todos modos, imposible es una palabra que en el idioma de los sobrevivientes e integrantes de organismos de derechos humanos, parece no existir.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade, dio a conocer el veredicto que condenó a prisión perpetua a 4 ex jueces federales por “crímenes de lesa humanidad y por ello imprescriptibles cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio”, según relató la secretaria que leyó el texto.
Fueron 12 condenas a prisión perpetua para: Rolando Evaristo Carrizo Elst, Luis Francisco Miret Clapés, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano Ruiz –todos ellos ex jueces federales-, Alcides Paris Francisca Beccaria, Paulino Enrique Furió Etcheverri, Pablo José Gutierrez Araya, Amando Osvaldo Fernández Miranda, José Antonio Fuertes Fernández, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Miguel Ángel Tello Amaya y Carlos Horacio Tragant Garay.
Fueron condenados a 20 años: Rubén Darío González Camargo, Julio Héctor La Paz Calderón, Dardo Migno Pipaon –estos tres incluyen delitos de violación y abuso sexual- y Ramón Ángel Puebla.
A 18 años, Marcelo Rolando Moroy Suárez.
Por su parte recibiero 15 años, Mario Alfredo Laporta Chielli y Diego Fernando Morales Pastrán y 10 años, Ricardo Benjamín Miranda Genaro. Las penas más bajas fueron a 6 años, para Oscar Alberto Bianchi Bartell y Pedro Modesto Linares Pereyra. A 5 años, Armando Hipólito Guevara Manrique.
Por otro lado, varios acusados se volvieron para sus casas, en algunos casos porque fueron condenados a 3 años de prisión condicional, Antonio Indalecio Garro Rodríguez y José Antonio Lorenzo Constantino, o el caso de Héctor Rubén Camargo Granda, Miguel Ángel Ponce Carrera y Juan Carlos Ponce Ochoa fueron absueltos.
El juicio que condenó a ex jueces federales cómplices y partícipes del Terrorismo de Estado comenzó el 17 de febrero de 2014. Se trata de jueces que actuaron durante la dictadura militar, pero que también tuvieron una participación activa luego del retorno de la democracia para retrasar los juicios, demorarlos y garantizar así la impunidad a los genocidas.
Durante todo el proceso judicial, familiares y amigos de los imputados y simpatizantes de los represores hicieron todo lo posible para amedrentar y atemorizar al jurado, testigos y querellantes tanto dentro como fuera del juzgado. Taparon murales con leyendas a favor de la lucha por los derechos humanos y uno de los hijos de un represor imputado llegó a una de las audiencias con un auto Falcon verde, tal como contó Victoria González, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Rafael, Mendoza.
Pablo Salinas, el abogado querellante de este juicio por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) dijo a La Retaguardia antes de conocer la sentencia: “es un día de justicia y de memoria hacia nuestros compañeros que sabemos que nos acompañan desde algún lugar”.
A pesar de las condenas condicionales y las absoluciones, la importancia de esta sentencia a 4 de los jueces federales que participaron de los crímenes de lesa humanidad y encubrieron a los genocidas es que se da en el marco de un contexto político que pretende la reconciliación con los represores y con una Corte Suprema que quiere imponer impunidad a través de la sanción del 2×1. “Es un mensaje de que podemos seguir luchando por la justicia y podemos seguir avanzando sobre la complicidad civil”, había dicho Salinas antes del veredicto. El de hoy fue un día histórico, porque los ex jueces fueron condenados. Lo que queda por delante hoy parece imposible: avanzar sobre la complicidad civil. De todos modos, imposible es una palabra que en el idioma de los sobrevivientes e integrantes de organismos de derechos humanos, parece no existir.
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