CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Del 5 a al 7 de este mes estuvo de visita en México el director del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). Mantuvo encuentros con el presidente Peña Nieto y con los secretarios de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Defensa y de Marina. Visitó una zona con altos niveles de violencia e inseguridad: el estado de Guerrero. Sobrevoló campos de amapola por esos rumbos y se entrevistó con personajes del lugar.
En resumen, dejó señales de la atención personal que concede a los problemas de seguridad en México que afectan a Estados Unidos.
No es la primera vez que Kelly va directamente al terreno para entender problemas relacionados con la seguridad en los dos países. A comienzos de febrero recorrió parte de la frontera para determinar la viabilidad y características que debe tener el prometido muro de Trump. A comienzos del mes pasado fue el arquitecto principal del encuentro en Miami para la “prosperidad y la seguridad” de Centroamérica, donde México participó como país convocante en un ambiente dominado, en realidad, por la visión que de Centroamérica maneja el titular de la DHS.
Entre los personajes que ocupan altos puestos en el gobierno de Trump, Kelly es uno de los más profesionales en lo tocante a América Latina. Un general retirado, exjefe del Comando Sur, conocedor por lo tanto de los problemas al sur del hemisferio, acostumbrado a ver las situaciones desde una perspectiva militar y estratégica. Su atención personal a los problemas de seguridad en México no puede verse con ligereza. La oficina que maneja es una de las más extensas y poderosas dentro del Poder Ejecutivo estadunidense. Creada después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, la DHS se ocupa, entre otros, de temas que mayormente preocupan a nuestro país, como drogas y migración.
Por los motivos anteriores llama la atención la escasa o casi nula cobertura que tuvo su visita a México. Algunas cortas informaciones de prensa, ningún comunicado sobre las entrevistas que mantuvo, pocos comentarios de analistas de relaciones con Estados Unidos, silencio sobre sus actividades en Guerrero, desconocimiento de su agenda de trabajo durante tres días. Una opacidad muy grande caracteriza la relación México-Estados Unidos cuando se entra al terreno de la seguridad. El contraste es notable cuando se compara con la información, también deficiente pero más frecuente, sobre la renegociación del TLCAN.
De los temas centrales de la relación entre México y Estados Unidos la seguridad es el más elusivo. Las afirmaciones gratuitas abundan, pero los estudios bien fundados son casi inexistentes.
Una de las afirmaciones más equivocadas tiene que ver con la similitud entre los problemas de seguridad en México y en Estados Unidos. Una vez más se ignora la enorme asimetría existente; primero, en los problemas que enfrentan uno y otro, segundo en el peso tan diferente que tienen las instituciones encargadas de la seguridad en ambos países.
Estados Unidos, valga la redundancia, es una potencia con presencia militar a lo largo del mundo, con el armamento más poderoso del planeta, con instituciones enormemente sofisticadas, que van desde las encargadas de cuestiones de inteligencia y operaciones sobre el terreno (CIA) hasta las dedicadas a la investigación independiente (FBI). Sus niveles de información son altos, el profesionalismo de sus cuadros bastante elevado. Cierto que ese poderoso aparato puede ser ineficiente, y cierto, también, lo poco confiable de sus afirmaciones para justificar guerras e intervenciones en la vida interna de otros países. Lo que interesa es subrayar el contraste entre problemas e instituciones de seguridad en Estados Unidos y en México.
Independientemente de ello hay un terreno muy bien identificado en el cual los dos países se encuentran y la influencia de uno sobre el otro es grande: las actividades delictivas derivadas del narcotráfico. El consumo de drogas en Estados Unidos así como la venta de armas de manera indiscriminada a México han sido elementos clave de la relación a partir de comienzos de los ochenta. Ha habido momentos, como el sexenio de Calderón, en los que el tema de la seguridad se convirtió en el eje principal de las relaciones gubernamentales entre los dos países.
Los efectos de esa relación fortalecida han sido muy distintos en México y en Estados Unidos. Para México, cientos de miles de muertos y una descomposición muy grave de sus instituciones encargadas de seguridad e impartición de justicia. No es exagerado afirmar que la crisis de las instituciones y la violencia tan brutal que atraviesa el país está relacionada con las dimensiones y la manera de combatir las actividades del narcotráfico, lo cual ha sido alentado, en gran medida, por Estados Unidos.
Los efectos allá han sido muy distintos. Para empezar, la legalización de drogas, como la mariguana, ha sido aceptada en diversos estados; California es el ejemplo más significativo por su tamaño y cercanía con México. Sin duda veremos allí un cambio importante en la comercialización del producto y las ganancias de narcotraficantes.
Los problemas recientes han surgido en otro ámbito. Está presente ahora una verdadera epidemia en el uso de la heroína y en las sobredosis, que provocan la muerte de cientos de usuarios, principalmente jóvenes. El problema ha tomado gran visibilidad en la opinión pública estadunidense. La droga proviene, sobre todo, de México. De allí el significado de los sobrevuelos de Kelly sobre los campos de amapola en Guerrero.
Sería ingenuo pensar que el director de la DHS pasa tres días en México sin tener en mente decisiones relacionadas con el problema de los envíos de heroína a Estados Unidos. Desconocemos, sin embargo, cuál es la impresión que obtuvo de su visita a Guerrero, así como de su opinión respecto a la ineficiencia y corrupción de quienes se encargan de la seguridad, los cambios políticos que se avecinan y la necesidad de prever algún plan para México, construido desde su perspectiva de militar y estratega. La renegociación del TLCAN es importante. Esto lo es igualmente.
Este análisis se publicó en la edición 2125 de la revista Proceso del 23 de julio de 2017.