EEUU mantiene apoyo a policía Honduras
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WASHINGTON (AP) -- Estados Unidos mantiene su ayuda anual
cercana a los 16 millones de dólares a la policía nacional de Honduras
pero se asegura de que no beneficie a su director general ni a sus 20
subalternos directos debido a acusaciones pendientes de homicidios y
desapariciones forzadas, dijo el jueves el subsecretario de Estado para
la Oficina de Narcóticos Internacionales William Brownfield.
"No
tenemos relaciones con él, no ofrecemos ni un dólar, ni un centavo de
un dólar. Y también hemos eliminado el nivel inmediatamente abajo. Los
20 funcionarios que trabajan directamente con el director general,
tampoco trabajamos con ellos para dar dos grados de separación a
cualquier programa que apoyamos nosotros con la policía nacional", dijo
el funcionario en una videoconferencia en la que habló en español.
Admitió
que el director general es el responsable para todo el organismo, pero
advirtió que "eso no quiere decir que todos los policías, los 15.000 o
16.000 miembros de la policía nacional de Honduras reportan directamente
al director general. La verdad es que nuestro cálculo es que hay unos
20 funcionarios que reportan directamente al director general, y los
otros por supuesto, como en una pirámide, reportan a oficiales y
funcionarios más abajo en el proceso".
"Por
debajo de eso, por supuesto, trabajamos con la policía nacional, en
programas de profesionalización y capacitación, y con unidades de
confianza seleccionadas por su honestidad", señaló.
Brownfield
explicó que de esa manera Estados Unidos satisface la necesidad de
reforzar las instituciones judiciales de Honduras sin incumplir la
llamada ley Leahy, la cual requiere al Departamento de Estado certificar
que los receptores extranjeros de ayuda estadounidense no han cometido
violaciones a los derechos humanos. Si se descubriese que si se
cometieron, el dinero es retenido.
"Esa es la
respuesta. Es complicado, pero en mi opinión cumplimos absolutamente con
nuestras obligaciones legales bajo la ley Leahy", agregó.
El
Subsecretario no se refirió de manera directa con un reporte de The
Associated Press la semana pasada relacionado a la desaparición de dos
personas vinculadas con pandillas que fueron detenidas por la policía en
enero. El hecho alimentó las acusaciones esgrimidas desde hace tiempo
por diversos organismos nacionales y extranjeros respecto a que la
policía de Honduras opera escuadrones de la muerte implicados en una
política de "limpieza social".
La AP también
descubrió que, durante los últimos tres años, la fiscalía de Honduras ha
recibido hasta 150 denuncias sobre operaciones que responden a un
patrón de escuadrones de la muerte tan solo en la capital, Tegucigalpa, y
al menos 50 más en San Pedro Sula, motor económico del país.
La
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, basándose en cifras de la
policía, ha contado 149 civiles asesinados por agentes policiales en los
últimos dos años, entre ellos 25 miembros de Barrio 18, una de las
mayores pandillas del país.
Brownfield indicó
que el presupuesto total de ayuda anual estadounidense en programas de
seguridad a Honduras es de 26 millones de dólares, de los cuales 16
están disponibles porque el Congreso retuvo cerca de 10 millones debido a
las acusaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.
Agregó
que tres departamentos del Departamento de Estado adelantan una
investigación sobre Juan Carlos Bonilla, el director de la policía que
en 2002 fue acusado de tres ejecuciones extrajudiciales y de estar
relacionado con 11 muertes y desapariciones adicionales. Fue juzgado por
un asesinato y absuelto. El resto de los casos nunca fueron
investigados en profundidad.
El funcionario
defendió el mantener la ayuda a la policía como la "menos mala" de otras
opciones tales como trabajar como las fuerzas armadas o dejar que "cada
persona produzca su propia justicia".
"Hay
tres opciones, y puede ser que la policía nacional en este momento tiene
sus defectos, pero es la opción menos mala de las tres opciones
disponibles", indicó.
Decenas de congresistas
en Estados Unidos han mostrado su incomodidad durante años por los
abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos cometidos
por la policía de Honduras, una fuerza de 14.000 agentes considerada una
de las más corruptas del mundo.
Las
autoridades hondureñas crearon en marzo del 2012 la Comisión de Reforma
del Sector Seguridad con un periodo de vida de tres años cuyo objetivo
era establecer las recomendaciones necesarias hacia el sector de
seguridad y la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial para
liderar un proceso de depuración de la policía.
Pero
al cumplirse un año, El Centro de Investigación y Promoción de los
Derechos Humanos y la Fundación Friedrich Ebert diagnosticaron
recientemente que "existe una falta decidida de voluntad política" para
llevar a cabo una reforma del sector de seguridad y una depuración
policial.
Con 91 asesinatos por cada 100.000
habitantes, la pequeña nación centroamericana es considerada con
frecuencia el país más violento del mundo. Alrededor del 40% de la
cocaína dirigida a los Estados Unidos -y el 87% de los vuelos de
contrabando de esta droga provenientes de Sudamérica- pasan a través de
Honduras, según el Departamento de Estado.
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Luis Alonso Lugo está en Twitter como www.twitter.com/luisalonsolugo
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