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Angel Sandoval.
El pésimo arranque del INE
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| Silbatazo del INE. Cartón de Rocha |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Contrariamente a lo que
pretendía al establecer un procedimiento que privilegiaba la experiencia
y los conocimientos electorales por encima del compromiso democrático,
los vínculos con la sociedad civil y los liderazgos reconocidos en sus
comunidades, el Instituto Nacional Electoral (INE) resultó muy dañado en
su primera gran prueba: la integración de los consejos de los
Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
Entre las razones de este fracaso destacan el error
conceptual de inicio; el mal diseño del procedimiento de selección;
fallas de implementación; la conformación de un bloque de consejeros
para sacar adelante a sus candidatos, y las disposiciones legales que
permiten las maniobras de los actores políticos para capturar los
consejos estatales.
El error original fue pensar que integrar consejos
estatales bajo la lógica de privilegiar conocimientos y experiencia
electoral blindaría la actuación del Consejo General al pretender
establecer fundamentalmente criterios cuantitativos. Esta lógica
desvirtuó la razón de ser de los organismos autónomos desde el momento
en que se impuso un órgano de dirección ciudadanizado y cuando se
fijaron perfiles para dichos puestos más propios de un servicio
profesional de carrera; además, no permitió la creación de un
procedimiento robusto y a prueba de las perversiones de los partidos
políticos y sus personeros en el Consejo General.
De este error deriva en buena medida el mal diseño del
procedimiento: libraron bien las dos primeras etapas, pero no logran
superar satisfactoriamente las otras tres. La primera etapa
–verificación del cumplimiento de requisitos legales y de la
convocatoria– era sencilla, y así resultó; el examen de conocimientos,
delegado al Ceneval, estaba totalmente automatizado y, por lo tanto,
cualquier cuestionamiento era fácilmente superable.
Los problemas empezaron en la calificación del ensayo,
pues se reclutó a un grupo de académicos que evaluaron un determinado
número de ensayos sin siquiera saber el nombre de los sustentantes. Como
sólo había un evaluador por sustentante, la calificación aprobatoria o
reprobatoria quedaba sujeta a su criterio; aquí no había sistema de
control.
Algunos de los sustentantes excluidos impugnaron los
resultados, ante lo cual el INE abrió la puerta a la revisión aun cuando
en este proceso, que no se hallaba previsto en el procedimiento, se
perdió el anonimato, pues evaluador y sustentante se trataron de manera
directa. Peor aún fue el hecho de que se reconsideraran algunas de las
calificaciones. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación contribuyó a desvirtuar todavía más
el procedimiento al diseñar el suyo propio, lo que implicaba la
presencia de tres evaluadores frente al sustentante.
Por lo demás, la revisión curricular no sólo abrió la
puerta a la discrecionalidad, sino a la perversa conformación de bloques
de consejeros para impulsar a sus candidatos. Ante la ausencia de
criterios y ponderaciones claras y transparentes, fueron nuevamente los
mismos consejeros quienes dieron al traste con la dinámica.
Todo indica que un grupo de cinco consejeros (cuatro de
ellos impulsados al consejo por el PRI) se puso de acuerdo para evaluar
en forma idéntica a todos los sustentantes. Según información publicada
por el periódico Reforma, eso les permitió colocar a 95% de los
aspirantes a consejeros que pasaron a la última etapa.
Las sospechas en cuanto a todo el procedimiento se
elevaron nuevamente por el hecho de que en esta etapa los números de los
aspirantes que pasan a la siguiente fase es muy variable: lo mismo
sacan a algunos (supuestamente por las observaciones de los partidos)
que incluyen a otros (por razones todavía no muy claras, pues las
explicaciones de los consejeros son contradictorias). Esto confirma lo
discrecional y arbitrario de los criterios para seleccionarlos.
Y, finalmente, está el factor de la legislación
deficiente, toda vez que entre las explicaciones dadas para justificar
los cambios en el número de los candidatos aprobados se encuentra la de
que fueron eliminados porque los partidos políticos mostraron que tenían
militancia partidista y que incluso habían representado recientemente a
alguna de estas organizaciones en las instancias electorales. El
problema en este caso es que, de acuerdo con la legislación electoral,
la militancia no es una razón para excluirlos de la lista, y si la
representación es una función directiva o no, eso quedará totalmente a
criterio del TEPJF.
Así, la única certeza en estos momentos es que el
procedimiento resultó muy vulnerable y que los vaivenes de la autoridad
electoral evidenciaron lo arbitrario y discrecional de los criterios de
selección en estas últimas etapas, con lo cual el blindaje (del que
tanto presumieron los integrantes del consejo del INE) se desmoronó,
además de evidenciarse que la integración de los consejos de los Oples
sí está sujeta a criterios partidistas. Incluso existen suficientes
elementos para presumir que el bloque de cuatro consejeros priistas
(encabezados precisamente por el presidente de la Comisión de
Vinculación, que coordina todo el procedimiento, Marco Antonio Baños)
operó para integrar consejos proclives al tricolor.
Todo indica que la designación de los consejeros de los 18
Organismos Públicos Locales Electorales, programada para el próximo
martes 30 de septiembre, será muy cuestionada por algunas de las fuerzas
políticas que se sienten afectadas por la manipulación del
procedimiento… mal inicio del proceso electoral 2015.
Pero todavía más preocupante será que los cuestionamientos
se concentren en entidades donde se elegirá gobernador en junio
próximo, y que esos reclamos provengan de una fuerza política con
posibilidades reales de ganar la elección, pues eso implicaría repetir
el error de 2006, pero ahora a nivel de los estados.
Hay que estar particularmente pendientes de la integración
de los consejos en las nueve entidades donde se efectuará elección de
gobernador, pues podría estarse gestando un conflicto electoral
incontrolable, en particular porque los estados involucrados (Baja
California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León,
Querétaro, San Luis Potosí y Sonora) presentan una diversidad de
características complejas.
En estos momentos la única opción que tiene el Consejo
General del INE es intentar salir lo menos mal librado posible, y eso
implica que ya no podrá evitar la percepción de que el procedimiento
estuvo manipulado; simplemente debe buscar desactivar –hasta donde sea
posible– eventuales conflictos postelectorales en junio del próximo año,
lo cual –a estas alturas del procedimiento– casi lo obliga a ser
sensible a las presiones de la partidización, pero cuidando de no dejar
fuera a ninguna de las fuerzas políticas importantes en cada una de esas
nueve entidades; el asunto, pues, ya no estriba en procurar que los
gobernadores y los partidos políticos saquen las manos de los consejos,
sino en cuidar que todos tengan las mismas oportunidades de meterlas, y
esto, si bien no abona a favor de la construcción de la democracia, por
lo menos aspiraría a nivelar la arena electoral.
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