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Gobierno de Eruviel representa el viejo puño priista; “implementa política integral de despojo a pueblos y comunidades”
Edgar Rosas
Gobierno de Eruviel representa el viejo puño priista; “implementa política integral de despojo a pueblos y comunidades”
(18
de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En el Estado de México, el
gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha implantado una política integral
de despojo, que busca arrebatar a los pueblos y comunidades su
territorio y recursos naturales. En este sentido, la administración
mexiquense “es la clara representación del viejo puño priista”, que
aplica una política de control social para romper las resistencias
populares ante los agravios.
Así lo señaló José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), organización que acompaña a más de una decena de pueblos y comunidades indígenas del Estado de México que se encuentra en un proceso de defensa ante la intención del gobierno por despojarlos de sus recursos.
El defensor de derechos humanos señaló que en territorio mexiquense la represión cometida en contra de los pobladores de San Salvador Atenco en mayo de 2006 es el botón de muestra de lo que ocurre. Dijo que en la entidad hay una agresión contra los pueblos que se defienden.
“Asombrosamente el Edomex es la entidad más poblada del país, con casi 15 millones de habitantes, pero no existe una gran cantidad de OSC. Eso no es casualidad, lo que pasa es que existe uno de los gobiernos del viejo puño priista con una de las políticas de control social más experimentadas de este país. A nadie sorprenda que por eso el PRI regrese a la presidencia de la República encabezado por el famosos y tristemente célebre Grupo Atlacomulco.
“Los compañeros de San Salvador Atenco son fieles testigos de la capacidad de violencia de Estado que puede desatar este grupo político. Lo tendríamos que decir así: Atenco es sólo la punta del iceberg de lo que ocurre de forma asombrosa y repugnantemente cotidiana en el Edomex. Eso que ocurrió, que todos vimos en medios de comunicación, lo vimos porque ellos quisieron que se viera. Esa era la intención. Decenas de pueblos en el Edomex han vivido eso, pero sofocado, totalmente invisibilizado”, dijo.
Lara Duque señaló que en la actualidad, el CDHZL acompaña a las comunidades de: Tecámac, Atenco, Coyotepec, San Francisco Magú, Apaxco, Xochicuautla, Huitzizilapan y Temascalapa, quienes luchan, entre otras cosas ante la intención de imponer megaproyectos y despojar de los sistemas comunitarios de agua potable.
“Si bien es cierto que cada una de las luchas de los pueblos enfoca a algún megaproyecto en particular, también no podemos perder de vista que todo eso forma parte de una política integral implementada por el modelo económico que actualmente impera. Es decir, la autopista Naucalpan-Toluca, concesionada a Grupo Higa y que se intentó construir en territorio de Xochicuautla, no puede entenderse si no es en una lógica integral con la necesidad de comunicación que tendría el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que se intenta imponer en la zona de Texcoco, Atenco y pueblos vecinos.
“Es decir, ellos sí tienen muy claro que es una política de despojo integral. Y obviamente el agua y los bosques son fundamentales para abastecer de recursos sus propios proyectos. Por eso es lo que está ocurriendo, por eso este intento de despojo impuesto desde las altas cúpulas.”
Para lograr el despojo de las comunidades y hacer frente a las luchas, señaló Lara Duque, el gobierno en su conjunto no reacciona de manera espontanea. Aseguró que ha diseñado “un protocolo de actuación para romper las resistencias de los pueblos y consolidar el saqueo”.
En esta técnica de las autoridades, dijo, se implementa el uso indebido del sistema penal para perseguir a los defensores.
“Los gobiernos no responden de forma espontánea a las resistencias populares. Nosotros consideramos y hemos venido denunciando que existen protocolos de actuación para poder hacer frente a las resistencias.
“De acuerdo con lo que hemos visto, primero comienzan con una política de hostigamiento, un seguimiento a las personas defensoras que ellos identifican. Si es necesario elevan del hostigamiento a la amenaza, que puede ser una amenaza velada o una amenaza explícita. Si es necesario lo eleven a una campaña de desprestigio. Pero si la campaña de desprestigio no funciona para controlar las comunidades, es cuando viene el uso indebido del sistema penal”, manifestó.
En lo referente, dijo que esta última etapa es en donde se busca el encarcelamiento de los líderes comunitarios con dos objetivos: frenar su lucha, y mandar un mensaje a las comunidades, en donde se les advierte que la prisión será el destino si siguen luchando.
“Una tercera etapa de esto es el encarcelamiento, la prisión con la fabricación de delito en la cual ellos (el gobierno) se aseguran de mantener a la persona defensora en prisión. Obviamente mandando el mensaje a las demás comunidades de que esa pueda ser una consecuencia de resistir a la imposición de los proyectos”, dijo.
Por otro lado, Lara Duque habló sobre el contexto de agresiones que viven los defensores comunitarios en el Estado de México. Dijo que en lo que va de 2016, han detectado que 45 luchadores sociales se encuentran en riesgo.
“En el CDHZL en los últimos tres años del gobierno de Eruviel hemos registrado 150 agresiones. Sin embargo a partir de enero de 2016 ya se han presentado otros casos. Tenemos el dato que hay 45 personas en riesgo, sobre todo de los pueblos de Atenco, Tecámac, Coyotepec y San Francisco Magú, que están sufriendo una campaña de desprestigio, de amenazas, e incluso de franco inicio del uso indebido del sistema penal”, concluyó.
Así lo señaló José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), organización que acompaña a más de una decena de pueblos y comunidades indígenas del Estado de México que se encuentra en un proceso de defensa ante la intención del gobierno por despojarlos de sus recursos.
El defensor de derechos humanos señaló que en territorio mexiquense la represión cometida en contra de los pobladores de San Salvador Atenco en mayo de 2006 es el botón de muestra de lo que ocurre. Dijo que en la entidad hay una agresión contra los pueblos que se defienden.
“Asombrosamente el Edomex es la entidad más poblada del país, con casi 15 millones de habitantes, pero no existe una gran cantidad de OSC. Eso no es casualidad, lo que pasa es que existe uno de los gobiernos del viejo puño priista con una de las políticas de control social más experimentadas de este país. A nadie sorprenda que por eso el PRI regrese a la presidencia de la República encabezado por el famosos y tristemente célebre Grupo Atlacomulco.
“Los compañeros de San Salvador Atenco son fieles testigos de la capacidad de violencia de Estado que puede desatar este grupo político. Lo tendríamos que decir así: Atenco es sólo la punta del iceberg de lo que ocurre de forma asombrosa y repugnantemente cotidiana en el Edomex. Eso que ocurrió, que todos vimos en medios de comunicación, lo vimos porque ellos quisieron que se viera. Esa era la intención. Decenas de pueblos en el Edomex han vivido eso, pero sofocado, totalmente invisibilizado”, dijo.
Lara Duque señaló que en la actualidad, el CDHZL acompaña a las comunidades de: Tecámac, Atenco, Coyotepec, San Francisco Magú, Apaxco, Xochicuautla, Huitzizilapan y Temascalapa, quienes luchan, entre otras cosas ante la intención de imponer megaproyectos y despojar de los sistemas comunitarios de agua potable.
“Si bien es cierto que cada una de las luchas de los pueblos enfoca a algún megaproyecto en particular, también no podemos perder de vista que todo eso forma parte de una política integral implementada por el modelo económico que actualmente impera. Es decir, la autopista Naucalpan-Toluca, concesionada a Grupo Higa y que se intentó construir en territorio de Xochicuautla, no puede entenderse si no es en una lógica integral con la necesidad de comunicación que tendría el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que se intenta imponer en la zona de Texcoco, Atenco y pueblos vecinos.
“Es decir, ellos sí tienen muy claro que es una política de despojo integral. Y obviamente el agua y los bosques son fundamentales para abastecer de recursos sus propios proyectos. Por eso es lo que está ocurriendo, por eso este intento de despojo impuesto desde las altas cúpulas.”
Para lograr el despojo de las comunidades y hacer frente a las luchas, señaló Lara Duque, el gobierno en su conjunto no reacciona de manera espontanea. Aseguró que ha diseñado “un protocolo de actuación para romper las resistencias de los pueblos y consolidar el saqueo”.
En esta técnica de las autoridades, dijo, se implementa el uso indebido del sistema penal para perseguir a los defensores.
“Los gobiernos no responden de forma espontánea a las resistencias populares. Nosotros consideramos y hemos venido denunciando que existen protocolos de actuación para poder hacer frente a las resistencias.
“De acuerdo con lo que hemos visto, primero comienzan con una política de hostigamiento, un seguimiento a las personas defensoras que ellos identifican. Si es necesario elevan del hostigamiento a la amenaza, que puede ser una amenaza velada o una amenaza explícita. Si es necesario lo eleven a una campaña de desprestigio. Pero si la campaña de desprestigio no funciona para controlar las comunidades, es cuando viene el uso indebido del sistema penal”, manifestó.
En lo referente, dijo que esta última etapa es en donde se busca el encarcelamiento de los líderes comunitarios con dos objetivos: frenar su lucha, y mandar un mensaje a las comunidades, en donde se les advierte que la prisión será el destino si siguen luchando.
“Una tercera etapa de esto es el encarcelamiento, la prisión con la fabricación de delito en la cual ellos (el gobierno) se aseguran de mantener a la persona defensora en prisión. Obviamente mandando el mensaje a las demás comunidades de que esa pueda ser una consecuencia de resistir a la imposición de los proyectos”, dijo.
Por otro lado, Lara Duque habló sobre el contexto de agresiones que viven los defensores comunitarios en el Estado de México. Dijo que en lo que va de 2016, han detectado que 45 luchadores sociales se encuentran en riesgo.
“En el CDHZL en los últimos tres años del gobierno de Eruviel hemos registrado 150 agresiones. Sin embargo a partir de enero de 2016 ya se han presentado otros casos. Tenemos el dato que hay 45 personas en riesgo, sobre todo de los pueblos de Atenco, Tecámac, Coyotepec y San Francisco Magú, que están sufriendo una campaña de desprestigio, de amenazas, e incluso de franco inicio del uso indebido del sistema penal”, concluyó.
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