Gobierno de Eruviel representa el viejo puño priista; “implementa política integral de despojo a pueblos y comunidades”
Por: Edgar Rosas /
Así
lo señaló José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), organización que acompaña a
más de una decena de pueblos y comunidades indígenas del Estado de
México que se encuentra en un proceso de defensa ante la intención del
gobierno por despojarlos de sus recursos.
El
defensor de derechos humanos señaló que en territorio mexiquense la
represión cometida en contra de los pobladores de San Salvador Atenco en
mayo de 2006 es el botón de muestra de lo que ocurre. Dijo que en la
entidad hay una agresión contra los pueblos que se defienden.
“Asombrosamente
el Edomex es la entidad más poblada del país, con casi 15 millones de
habitantes, pero no existe una gran cantidad de OSC. Eso no es
casualidad, lo que pasa es que existe uno de los gobiernos del viejo
puño priista con una de las políticas de control social más
experimentadas de este país. A nadie sorprenda que por eso el PRI
regrese a la presidencia de la República encabezado por el famosos y
tristemente célebre Grupo Atlacomulco.
“Los
compañeros de San Salvador Atenco son fieles testigos de la capacidad
de violencia de Estado que puede desatar este grupo político. Lo
tendríamos que decir así: Atenco es sólo la punta del iceberg de
lo que ocurre de forma asombrosa y repugnantemente cotidiana en el
Edomex. Eso que ocurrió, que todos vimos en medios de comunicación, lo
vimos porque ellos quisieron que se viera. Esa era la intención. Decenas
de pueblos en el Edomex han vivido eso, pero sofocado, totalmente
invisibilizado”, dijo.
Lara Duque señaló que en la actualidad, el CDHZL acompaña
a las comunidades de: Tecámac, Atenco, Coyotepec, San Francisco Magú,
Apaxco, Xochicuautla, Huitzizilapan y Temascalapa, quienes luchan, entre
otras cosas ante la intención de imponer megaproyectos y despojar de
los sistemas comunitarios de agua potable.
“Si
bien es cierto que cada una de las luchas de los pueblos enfoca a algún
megaproyecto en particular, también no podemos perder de vista que
todo eso forma parte de una política integral implementada por el modelo
económico que actualmente impera. Es decir, la autopista
Naucalpan-Toluca, concesionada a Grupo Higa y que se intentó construir
en territorio de Xochicuautla, no puede entenderse si no es en una
lógica integral con la necesidad de comunicación que tendría el nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México, que se intenta imponer en la zona de
Texcoco, Atenco y pueblos vecinos.
“Es
decir, ellos sí tienen muy claro que es una política de despojo
integral. Y obviamente el agua y los bosques son fundamentales para
abastecer de recursos sus propios proyectos. Por eso es lo que está
ocurriendo, por eso este intento de despojo impuesto desde las altas
cúpulas.”
Para
lograr el despojo de las comunidades y hacer frente a las luchas,
señaló Lara Duque, el gobierno en su conjunto no reacciona de manera
espontanea. Aseguró que ha diseñado “un protocolo de actuación para
romper las resistencias de los pueblos y consolidar el saqueo”.
En esta técnica de las autoridades, dijo, se implementa el uso indebido del sistema penal para perseguir a los defensores.
“Los
gobiernos no responden de forma espontánea a las resistencias
populares. Nosotros consideramos y hemos venido denunciando que existen
protocolos de actuación para poder hacer frente a las resistencias.
“De
acuerdo con lo que hemos visto, primero comienzan con una política de
hostigamiento, un seguimiento a las personas defensoras que ellos
identifican. Si es necesario elevan del hostigamiento a la amenaza, que
puede ser una amenaza velada o una amenaza explícita. Si es necesario lo
eleven a una campaña de desprestigio. Pero si la campaña de
desprestigio no funciona para controlar las comunidades, es cuando viene
el uso indebido del sistema penal”, manifestó.
En
lo referente, dijo que esta última etapa es en donde se busca el
encarcelamiento de los líderes comunitarios con dos objetivos: frenar su
lucha, y mandar un mensaje a las comunidades, en donde se les advierte
que la prisión será el destino si siguen luchando.
“Una
tercera etapa de esto es el encarcelamiento, la prisión con la
fabricación de delito en la cual ellos (el gobierno) se aseguran de
mantener a la persona defensora en prisión. Obviamente mandando el
mensaje a las demás comunidades de que esa pueda ser una consecuencia de
resistir a la imposición de los proyectos”, dijo.
Por
otro lado, Lara Duque habló sobre el contexto de agresiones que viven
los defensores comunitarios en el Estado de México. Dijo que en lo que
va de 2016, han detectado que 45 luchadores sociales se encuentran en
riesgo.
“En el CDHZL en los últimos tres años del gobierno de Eruviel hemos
registrado 150 agresiones. Sin embargo a partir de enero de 2016 ya se
han presentado otros casos. Tenemos el dato que hay 45 personas en
riesgo, sobre todo de los pueblos de Atenco, Tecámac, Coyotepec y San
Francisco Magú, que están sufriendo una campaña de desprestigio, de
amenazas, e incluso de franco inicio del uso indebido del sistema
penal”, concluyó.
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