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Una protesta más en América Latina: argentinos vuelven a la calle contra el FMI
Ni siquiera el resultado de las elecciones argentinas
con la victoria de Alberto Fernández atenuó los reclamos en las calles
de los grupos sociales más combativos. Movilizaciones simultáneas
cortaron calles entre el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y las
oficinas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Buenos Aires.
© Sputnik / Francisco Lucotti
Argentinos protestan frente a la sede del FMI en Buenos Aires.
El paso de las personas caminando parecía no tener fin. Seguidos de
cerca por un pequeño grupo de policías antidisturbios y algunos
efectivos de la Policía de la ciudad, las filas y filas de manifestantes
llegaban a demorar más de 10 minutos en cruzar las intersecciones de la
Avenida 9 de Julio, la principal de la capital argentina.
Los cortes de calles y marchas masivas volvieron al escenario capitalino después de las elecciones generales del domingo 27 de octubre. Este jueves, de la mano del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón, el Polo Obrero y Barrios de Pie-Libres del Sur, los argentinos se manifestaron nuevamente contra el FMI.
No es novedad que el organismo financiero, símbolo del neoliberalismo, es el principal acreedor de la deuda externa de Argentina, en su profunda crisis económica. Las políticas neoliberales son una temática recurrente entre las protestas que se han multiplicado en Suramérica en los últimos días. En Ecuador, por ejemplo, el FMI también figuró como el gran villano protagonista de las manifestaciones que dejaron más de una decena de muertos.
Desde la llegada al poder del presidente argentino, Mauricio Macri, en 2015, 3 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza en Argentina y se estima que alcance el 40% de la población con los registros actualizados a fines de 2019, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica (ODSA-UCA).
Navarro anticipó que los reclamos callejeros continuarán durante el próximo Gobierno si no se produce una recomposición salarial, si no se lleva adelante una política de creación de empleo y si se tiene como prioridad el pago de la deuda.
"Nuestra posición es que la única forma de garantizar que cualquier Estado respete los derechos de los más humildes es estar movilizados. Nosotros consideramos que esta deuda es fraudulenta e ilegítima porque la gran mayoría de lo que se ha pedido en préstamo es lo mismo que lo que se ha ido en fuga de capitales", dijo Navarro.
La emergencia alimentaria sigue en pie
Algunas de las organizaciones montaron guardia frente al edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (famoso por las efigies de la exprimera dama 'Evita' Perón) para reclamar por el incumplimiento de la Ley de Emergencia Alimentaria y por los retrasos en los aumentos del del presupuesto estipulados.
A fines de septiembre de 2019, el Congreso nacional aprobó que se extienda hasta 2022 esta ley, vigente desde 2002, que dispone un aumento "como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición". De acuerdo con ODSA-UCA, el 30% de los jóvenes y niños sufren inseguridad alimentaria y el 13% pasó hambre en algún momento del año.
Los datos oficiales registran que más del 35% de la población vive hoy por debajo de la línea de pobreza, pero el número asciende a 50% entre los menores de 18 años. Lo mismo ocurre con la indigencia: el porcentaje total ronda el 7% de la población, pero entre los más pequeños que no cubren la Canasta Básica Alimentaria sube a 11%.
"La prioridad tiene que ser desarrollar políticas de empleo, generar vivienda y atender la situación muy acuciante que se vive, por ejemplo, en el norte argentino, donde hoy hay trabajadores que desarrollan su actividad por 2.000 pesos [30 dólares] por mes, o gente nucleada en nuestras organizaciones en zonas rurales que toman agua al lado de los animales porque el Estado no pasó nunca por ahí", denunció la delegada del FOL.
© Sputnik / Francisco Lucotti
Argentinos protestan frente a la sede del FMI en Buenos Aires.
Los cortes de calles y marchas masivas volvieron al escenario capitalino después de las elecciones generales del domingo 27 de octubre. Este jueves, de la mano del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón, el Polo Obrero y Barrios de Pie-Libres del Sur, los argentinos se manifestaron nuevamente contra el FMI.
No es novedad que el organismo financiero, símbolo del neoliberalismo, es el principal acreedor de la deuda externa de Argentina, en su profunda crisis económica. Las políticas neoliberales son una temática recurrente entre las protestas que se han multiplicado en Suramérica en los últimos días. En Ecuador, por ejemplo, el FMI también figuró como el gran villano protagonista de las manifestaciones que dejaron más de una decena de muertos.
"En todo el continente los pueblos resisten al plan económico de los organismos internacionales de crédito. A nosotros nos está quedando un nivel de deuda equivalente al PBI entero de Argentina. Sostenemos que la principal deuda es con el pueblo y no con el FMI", dijo a Sputnik Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha, uno de los convocantes de la protesta.Con una enorme convocatoria, las columnas de las organizaciones sociales realizaron una masiva caminata hasta la Plaza Libertad, en el microcentro de Buenos Aires, hasta las puertas del edificio donde está instalado temporalmente el FMI.
Desde la llegada al poder del presidente argentino, Mauricio Macri, en 2015, 3 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza en Argentina y se estima que alcance el 40% de la población con los registros actualizados a fines de 2019, según el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica (ODSA-UCA).
Navarro anticipó que los reclamos callejeros continuarán durante el próximo Gobierno si no se produce una recomposición salarial, si no se lleva adelante una política de creación de empleo y si se tiene como prioridad el pago de la deuda.
"Nuestra posición es que la única forma de garantizar que cualquier Estado respete los derechos de los más humildes es estar movilizados. Nosotros consideramos que esta deuda es fraudulenta e ilegítima porque la gran mayoría de lo que se ha pedido en préstamo es lo mismo que lo que se ha ido en fuga de capitales", dijo Navarro.
La emergencia alimentaria sigue en pie
Algunas de las organizaciones montaron guardia frente al edificio del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (famoso por las efigies de la exprimera dama 'Evita' Perón) para reclamar por el incumplimiento de la Ley de Emergencia Alimentaria y por los retrasos en los aumentos del del presupuesto estipulados.
A fines de septiembre de 2019, el Congreso nacional aprobó que se extienda hasta 2022 esta ley, vigente desde 2002, que dispone un aumento "como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición". De acuerdo con ODSA-UCA, el 30% de los jóvenes y niños sufren inseguridad alimentaria y el 13% pasó hambre en algún momento del año.
Los datos oficiales registran que más del 35% de la población vive hoy por debajo de la línea de pobreza, pero el número asciende a 50% entre los menores de 18 años. Lo mismo ocurre con la indigencia: el porcentaje total ronda el 7% de la población, pero entre los más pequeños que no cubren la Canasta Básica Alimentaria sube a 11%.
"La prioridad tiene que ser desarrollar políticas de empleo, generar vivienda y atender la situación muy acuciante que se vive, por ejemplo, en el norte argentino, donde hoy hay trabajadores que desarrollan su actividad por 2.000 pesos [30 dólares] por mes, o gente nucleada en nuestras organizaciones en zonas rurales que toman agua al lado de los animales porque el Estado no pasó nunca por ahí", denunció la delegada del FOL.
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