OPINIÓN de Emilio Marín,
Mauricio Macri, en tren proselitista ante la Sociedad Rural y en Santa Fe y Corrientes pontificó sobre la reactivación económica en renglones como la agroindustria y energía, particularmente la petrolera.
Sin embargo los diarios informaron que en Chubut, una de las cuencas petroleras más importantes, se despidió a 249 trabajadores de Tecpetrol-Techint y se vence la conciliación obligatoria por otros 206 despidos en la provincia, por lo que habrá allí medidas de fuerza. Y eso que el sindicato privado petrolero, en especial el neuquino, no se destaca por su combatividad sino por el acompañamiento de la flexibilización laboral en Vaca Muerta.
Siempre hubo buena onda entre el presidente y la Sociedad Rural “Argentina”. Y mejoró aún más desde que aquél llegó a la Casa Rosada y adoptó la baja y/o eliminación de retenciones a las exportaciones, junto con la devaluación que llevó al dólar de 9 a 13 pesos. Ahora el verde está a 18 y en la tribuna ruralista le pedían al mandatario que lo lleve a 25; hubo guiños cómplices de su parte aunque por razones electorales tuvo que ordenar al Banco Central jugar a la calma momentánea. En su discurso, como si todo aquello hubiera sido poco, el orador prometió al campo una baja de impuestos. Sería otro acto de regresividad absoluta, para que los que más tienen paguen aún menos. Ya se sabe quién es el hijo de la pavota en esta historia repetida.
¡Cómo será de óptima esa relación Macri-Sociedad Rural que se asegura que luego de las elecciones habrá una cartera en el gabinete para el titular de la entidad, Luis M. Etchevehere! No lo dijo un programa crítico de C5N sino el complaciente Marcelo Bonelli, en su columna de Clarinete.
Esas ovaciones ruralistas no expresan a todo el campo. Los productores de banana de Formosa y Salta están fundidos por la apertura de importaciones; regalaban bananas en Plaza de Mayo para informar de su infortunio. Claro que el bananazo tuvo mucho menos prensa que la llegada de algún novillo de raza a Palermo.
“No hay que volver al pasado”, clamó Etchevehere en un tono bien PRO, pero sólo con ese apoyo político no está asegurado un buen resultado oficialista en agosto y octubre.
Fuegos de artificio
Como se tituló esta Semana Política el domingo anterior, “A falta de pan, buenas son las tortas a De Vido”. La carencia de reactivación económica trata de ser “compensada” con el agite de denuncias y causas por supuesta corrupción del gobierno anterior.
Las estocadas de estos días fueron para ese diputado y exministro de Planificación Federal, y también el exvicepresidente Amado Boudou, pero los tiros van a la cabeza de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de De Vido, fracasado el intento de expulsarlo de Diputados porque hubo 95 votos en contra, le siguieron dando duro en los medios. Ahora con el trascendido, de imposible verificación, de que a los jueces y fiscales argentinos que viajaron a EE UU para averiguaciones de las coimas pagadas por Odebrecht en nuestro país, les habrían dicho que De Vido está entre los acusados. También figuraría el exSubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
Eso lo publicó alguien tan poco confiable como Nicolás Wiñazki, una suerte de Jorge Lanata aún más mediocre, también de Clarín. Y no es que el cronista ponga las manos al fuego por De Vido, pero aguarda que haya pruebas concretas de las acusaciones en su contra. Mientras esas pruebas no se presenten y se demuestren, todo será fuegos de artificio y distracción electoral.
Es imprescindible que a la lista de los funcionarios del gobierno anterior que supuestamente recibieron sobornos, se la acompañe de similar nómina de los empresarios que actuaron junto a Odebrecht y se repartieron los presuntos sobreprecios. Esto último será más difícil de publicar porque habría empresarios ligados al riñón del macrismo, incluso a su familia. Todas las fichas están puestas al casillero de IECSA, que perteneció al grupo Macri hasta hace poco que pasó al dominio de Midlin.
En el capítulo televisivo antiK hubo escenas del juicio contra Boudou, un ridículo pleito por un auto modelo 1992 en medio de una separación. Parece increíble que la justicia gaste tiempo y recursos en estos diferendos menores. Boudou fue beneficiado por prescripción, en votación por mayoría del tribunal. Al menos con este asunto no van a poder molestar más, aunque la jauría se quedó ladrando en aguardo de un pronto juicio por el caso de Ciccone.
La falta de objetividad de los medios se advierte en el poco centrimetraje que dedicaron al fallo de la Sala II de la Cámara Federal que cerró la investigación sobre las empresas de Macri en los Panamá Papers. Al menos en lo que hace al delito mayor de lavado de dinero, esa causa fue cerrada por los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah, en sintonía con el juez Sebastián Casanello y a pesar de las apelaciones del fiscal Federico Delgado, luego que el macrista fiscal de cámara, Germán Moldes, no sostuviera esa apelación.
De ese caso, cerrado sin mayor investigación, se habló poco y nada. En cambio copó la parada la del formulario 08 del viejo auto de Boudou. Tampoco hubo muchos análisis de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, con Gustavo Arribas en el podio con 126,6 millones de pesos, en su mayoría radicados en el exterior. Estas sospechosas incoherencias y enriquecimientos no llamaron la atención, quizás porque confirman que éste es el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos, con buena parte de su patrimonio offshore.
Reforma, control y armas
Admitida por pocos funcionarios, negada por Marcos Peña, lo cierto es que gana fuerza la presunción de que el gobierno prepara una reforma laboral luego de octubre. No es de locos pensar que la flexibilización de Vaca Muerta vaya a extenderse a otras actividades, en sintonía con la reforma votada en Brasil en julio pasado.
Y al igual de lo que prepara Michel Temer para octubre próximo, también acá se especula con una reforma previsional con el caballito de batalla de bajar el gasto público. Si ahora no lo blanquean más que con declaraciones de funcionarios de la Anses es porque no quieren malquistarse más con el voto de los adultos mayores, alias “viejos”.
Otro dato de la reforma laboral lo dio un artículo en “La Nación” del sábado, sobre el registro de conflictos laborales que encargó a una consultora el ministro Andrés Ibarra. Quieren tener el mapa de los conflictos, la nómina de delegados y comisiones internas del sector público, sus licencias gremiales, etc. También analizan generalizar un sistema de premios y castigos ligados a la asistencia, la productividad, la capacitación, etc., en sintonía con la actividad privada.
Lamentablemente la CGT sigue dormitando y las únicas activas contra estos tópicos son las dos CTA, sobre todo la de Hugo Yasky.
Esos estudios del sector público, contando sus costillas, parecen propios de un gobierno que está por embestir. Traen cierta remembranza con el chino Sun Tsu, en aquello de “Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y ganarás cien batallas”. El gobierno está estudiando los puntos fuertes y débiles del sector asalariado público al que piensa combatir en un nivel más elevado de lo que lo hizo hasta ahora.
Una represión propiamente dicha, policial y de Gendarmería, es la que el gobierno de Chubut y el ministerio de Patricia Bullrich llevaron adelante contra pueblos originarios, con la detención y golpiza contra 9 personas que reclamaban la libertad de Facundo Jones Huala. Si bien se logró las libertades de ese grupo, en la represión a las comunidades del territorio Pu Lof quedó desaparecido el joven Santiago Maldonado por quien se presentaron tres habeas corpus sin resultado.
Sobre llovido, mojado. A esa creciente represión del conflicto social se sumó el DNU por el cual el presidente autorizó a Defensa adquirir armas por 900 millones de dólares, en su mayoría a EE UU. En medio de tantos ajustes, no parece conveniente que el país necesitara gastar millonadas en 12 aviones Texan para la Fuerza Aérea, patrulleras oceánicas, fusiles, pistolas y el resto de la parafernalia, que irán a un ministerio conducido por un patán tan incompetente como Oscar Aguad. Como mínimo, esto suma más preocupación a las libertades democráticas en el país donde Milagro Sala sigue presa, pese a la cautelar de la CIDH.
Esas gruesas violaciones a los DD HH quieren ser negadas por el macrismo; en cambio las achaca al gobierno de Venezuela, al que ayer suspendió, de hecho expulsó, del Mercosur, tras una reunión de cancilleres en San Pablo. Fue otro gesto de alineamiento con Washington, el director de ese coro anti-venezolano adonde a último momento entró a cantar, desafinado, el Papa.
Argentina.- Si esta semana hubiera que sintetizar los dos rasgos
centrales del macrismo en campaña se destacaría el seguidismo a Estados
Unidos, por un lado, y la creciente mano dura contra el conflicto
social, por el otro.
En la semana previa a las
PASO el gobierno sigue con las manos casi vacías de logros económicos y
sociales. Solamente el periodismo militante de Joaquín Morales Solá le
puede hacer propaganda con que desde diciembre de 2015 se habrían creado
180.000 nuevos empleos. Deben ser invisibles porque no los registra el
ojo humano ni la realidad laboral.Mauricio Macri, en tren proselitista ante la Sociedad Rural y en Santa Fe y Corrientes pontificó sobre la reactivación económica en renglones como la agroindustria y energía, particularmente la petrolera.
Sin embargo los diarios informaron que en Chubut, una de las cuencas petroleras más importantes, se despidió a 249 trabajadores de Tecpetrol-Techint y se vence la conciliación obligatoria por otros 206 despidos en la provincia, por lo que habrá allí medidas de fuerza. Y eso que el sindicato privado petrolero, en especial el neuquino, no se destaca por su combatividad sino por el acompañamiento de la flexibilización laboral en Vaca Muerta.
Siempre hubo buena onda entre el presidente y la Sociedad Rural “Argentina”. Y mejoró aún más desde que aquél llegó a la Casa Rosada y adoptó la baja y/o eliminación de retenciones a las exportaciones, junto con la devaluación que llevó al dólar de 9 a 13 pesos. Ahora el verde está a 18 y en la tribuna ruralista le pedían al mandatario que lo lleve a 25; hubo guiños cómplices de su parte aunque por razones electorales tuvo que ordenar al Banco Central jugar a la calma momentánea. En su discurso, como si todo aquello hubiera sido poco, el orador prometió al campo una baja de impuestos. Sería otro acto de regresividad absoluta, para que los que más tienen paguen aún menos. Ya se sabe quién es el hijo de la pavota en esta historia repetida.
¡Cómo será de óptima esa relación Macri-Sociedad Rural que se asegura que luego de las elecciones habrá una cartera en el gabinete para el titular de la entidad, Luis M. Etchevehere! No lo dijo un programa crítico de C5N sino el complaciente Marcelo Bonelli, en su columna de Clarinete.
Esas ovaciones ruralistas no expresan a todo el campo. Los productores de banana de Formosa y Salta están fundidos por la apertura de importaciones; regalaban bananas en Plaza de Mayo para informar de su infortunio. Claro que el bananazo tuvo mucho menos prensa que la llegada de algún novillo de raza a Palermo.
“No hay que volver al pasado”, clamó Etchevehere en un tono bien PRO, pero sólo con ese apoyo político no está asegurado un buen resultado oficialista en agosto y octubre.
Fuegos de artificio
Como se tituló esta Semana Política el domingo anterior, “A falta de pan, buenas son las tortas a De Vido”. La carencia de reactivación económica trata de ser “compensada” con el agite de denuncias y causas por supuesta corrupción del gobierno anterior.
Las estocadas de estos días fueron para ese diputado y exministro de Planificación Federal, y también el exvicepresidente Amado Boudou, pero los tiros van a la cabeza de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de De Vido, fracasado el intento de expulsarlo de Diputados porque hubo 95 votos en contra, le siguieron dando duro en los medios. Ahora con el trascendido, de imposible verificación, de que a los jueces y fiscales argentinos que viajaron a EE UU para averiguaciones de las coimas pagadas por Odebrecht en nuestro país, les habrían dicho que De Vido está entre los acusados. También figuraría el exSubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
Eso lo publicó alguien tan poco confiable como Nicolás Wiñazki, una suerte de Jorge Lanata aún más mediocre, también de Clarín. Y no es que el cronista ponga las manos al fuego por De Vido, pero aguarda que haya pruebas concretas de las acusaciones en su contra. Mientras esas pruebas no se presenten y se demuestren, todo será fuegos de artificio y distracción electoral.
Es imprescindible que a la lista de los funcionarios del gobierno anterior que supuestamente recibieron sobornos, se la acompañe de similar nómina de los empresarios que actuaron junto a Odebrecht y se repartieron los presuntos sobreprecios. Esto último será más difícil de publicar porque habría empresarios ligados al riñón del macrismo, incluso a su familia. Todas las fichas están puestas al casillero de IECSA, que perteneció al grupo Macri hasta hace poco que pasó al dominio de Midlin.
En el capítulo televisivo antiK hubo escenas del juicio contra Boudou, un ridículo pleito por un auto modelo 1992 en medio de una separación. Parece increíble que la justicia gaste tiempo y recursos en estos diferendos menores. Boudou fue beneficiado por prescripción, en votación por mayoría del tribunal. Al menos con este asunto no van a poder molestar más, aunque la jauría se quedó ladrando en aguardo de un pronto juicio por el caso de Ciccone.
La falta de objetividad de los medios se advierte en el poco centrimetraje que dedicaron al fallo de la Sala II de la Cámara Federal que cerró la investigación sobre las empresas de Macri en los Panamá Papers. Al menos en lo que hace al delito mayor de lavado de dinero, esa causa fue cerrada por los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah, en sintonía con el juez Sebastián Casanello y a pesar de las apelaciones del fiscal Federico Delgado, luego que el macrista fiscal de cámara, Germán Moldes, no sostuviera esa apelación.
De ese caso, cerrado sin mayor investigación, se habló poco y nada. En cambio copó la parada la del formulario 08 del viejo auto de Boudou. Tampoco hubo muchos análisis de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, con Gustavo Arribas en el podio con 126,6 millones de pesos, en su mayoría radicados en el exterior. Estas sospechosas incoherencias y enriquecimientos no llamaron la atención, quizás porque confirman que éste es el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos, con buena parte de su patrimonio offshore.
Reforma, control y armas
Admitida por pocos funcionarios, negada por Marcos Peña, lo cierto es que gana fuerza la presunción de que el gobierno prepara una reforma laboral luego de octubre. No es de locos pensar que la flexibilización de Vaca Muerta vaya a extenderse a otras actividades, en sintonía con la reforma votada en Brasil en julio pasado.
Y al igual de lo que prepara Michel Temer para octubre próximo, también acá se especula con una reforma previsional con el caballito de batalla de bajar el gasto público. Si ahora no lo blanquean más que con declaraciones de funcionarios de la Anses es porque no quieren malquistarse más con el voto de los adultos mayores, alias “viejos”.
Otro dato de la reforma laboral lo dio un artículo en “La Nación” del sábado, sobre el registro de conflictos laborales que encargó a una consultora el ministro Andrés Ibarra. Quieren tener el mapa de los conflictos, la nómina de delegados y comisiones internas del sector público, sus licencias gremiales, etc. También analizan generalizar un sistema de premios y castigos ligados a la asistencia, la productividad, la capacitación, etc., en sintonía con la actividad privada.
Lamentablemente la CGT sigue dormitando y las únicas activas contra estos tópicos son las dos CTA, sobre todo la de Hugo Yasky.
Esos estudios del sector público, contando sus costillas, parecen propios de un gobierno que está por embestir. Traen cierta remembranza con el chino Sun Tsu, en aquello de “Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y ganarás cien batallas”. El gobierno está estudiando los puntos fuertes y débiles del sector asalariado público al que piensa combatir en un nivel más elevado de lo que lo hizo hasta ahora.
Una represión propiamente dicha, policial y de Gendarmería, es la que el gobierno de Chubut y el ministerio de Patricia Bullrich llevaron adelante contra pueblos originarios, con la detención y golpiza contra 9 personas que reclamaban la libertad de Facundo Jones Huala. Si bien se logró las libertades de ese grupo, en la represión a las comunidades del territorio Pu Lof quedó desaparecido el joven Santiago Maldonado por quien se presentaron tres habeas corpus sin resultado.
Sobre llovido, mojado. A esa creciente represión del conflicto social se sumó el DNU por el cual el presidente autorizó a Defensa adquirir armas por 900 millones de dólares, en su mayoría a EE UU. En medio de tantos ajustes, no parece conveniente que el país necesitara gastar millonadas en 12 aviones Texan para la Fuerza Aérea, patrulleras oceánicas, fusiles, pistolas y el resto de la parafernalia, que irán a un ministerio conducido por un patán tan incompetente como Oscar Aguad. Como mínimo, esto suma más preocupación a las libertades democráticas en el país donde Milagro Sala sigue presa, pese a la cautelar de la CIDH.
Esas gruesas violaciones a los DD HH quieren ser negadas por el macrismo; en cambio las achaca al gobierno de Venezuela, al que ayer suspendió, de hecho expulsó, del Mercosur, tras una reunión de cancilleres en San Pablo. Fue otro gesto de alineamiento con Washington, el director de ese coro anti-venezolano adonde a último momento entró a cantar, desafinado, el Papa.
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