“Quién dijo miedo”, artículo de Carmen Aristegui
Se reproduce el artículo
publicado en el diario Reforma. En el texto, la periodista aborda la
llamada intervenida a la diputada del PRD, Purificación Carpinteyro, así
como las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión.
(proceso)
La divulgación de la conversación telefónica de Purificación Carpinteyro, en la que se le escucha proponer una idea de negocio a un antiguo compañero suyo en Telefónica, fue milimétricamente calculada. Quien realizó el espionaje y difundió su contenido midió con precisión los efectos que causaría pero, sobre todo, el momento en que los causaría.
La intervención fue hecha hace varias semanas. Se buscó distraer la atención pública y mediática justo en el momento en que se perfila un periodo extraordinario para aprobar un dictamen de leyes secundarias, cuyos contenidos hacen temer una contrarreforma y un saco de regalos para Televisa.
Una de las voces más fuertes y autorizadas, en el Congreso, en materia de telecomunicaciones, tuvo que excusarse de participar justo en el momento más crítico y en el que están por ocurrir grandes definiciones y no necesariamente a favor del interés general.
Mujer inteligente y conocedora, Purificación cayó, indudablemente, en un conflicto de interés al pretender impulsar un negocio particular, del cual podría llegar a ser beneficiaria. El error salió caro a la legisladora, porque quedó atrapada en un linchamiento, en parte inducido, en parte espontáneo, en medios de comunicación y redes sociales.
El ruido causado no logró, sin embargo, distraer del todo la mirada sobre otras cosas sustantivas que pretendieron ser opacadas.Reforma dio cuenta, ayer, de la reunión el pasado domingo entre funcionarios del gobierno federal y representantes de los partidos, que plasmaron en un documento los avances de sus negociaciones acerca de los nueve temas más polémicos de la reforma. La mayor parte de la discusión se centró en la definición de la llamada preponderancia y los criterios sobre los cuales será determinada.
Las voces que han alertado sobre el asunto afirman que lo que se pretende es que la preponderancia sólo sea declarada por sector y no por servicio, lo que permitiría a Televisa no sólo mantener sino aumentar su dominio sobre el mercado de la televisión restringida, que hoy por hoy representa más del 60% de los suscriptores.
El IFT sólo se ha pronunciado sobre la condición preponderante de Televisa en la radiodifusión abierta (con casi 60% de la audiencia) pero, no lo ha hecho sobre la televisión de paga.
Si, como se afirma, prevalece el criterio favorable a Televisa, promovido por el gobierno federal, estaríamos frente a la violación de la Carta Magna, a partir de la aplicación de sus leyes secundarias.
La Constitución dice: “Se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los Servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el trafico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
Ser declarado preponderante en el sector de las telecomunicaciones, como ha sido declarado por el IFT el consorcio de Slim, impone medidas que buscan aminorar la enorme concentración y promover la competencia. Lo mismo ocurre con Grupo Televisa y 34 estaciones que emiten señal de televisión abierta en el país, declarados preponderantes también por el IFT.
A ninguno de los dos gigantes, les han gustado lo que impone el nuevo marco constitucional. Los dos han promovido amparos, para impedir ser acotados.
El tema, hoy, es que si terminan cediendo -como todo parece indicar- a las presiones de Televisa, legisladores y partidos políticos y dejan sin aplicar el criterio constitucional de la dominancia por servicios y lo dejan por sector, lograrán, entonces, impedir que sea declarada su preponderancia en televisión de paga y, de paso, abrirían la puerta para que el emporio de Emilio Azcárraga obtenga un amparo contra la decisión del IFT que los declaró preponderantes en televisión abierta.
Habrá medidas asimétricas y antimonopólicas para el gigante Slim, cosa que no sólo es inevitable, sino altamente deseable. Sin embargo, el otro gigante que concentra audiencias, cobertura y monopoliza -por su tamaño- el mercado de la opinión pública sería tratado como un agente “normal” y no habría medidas que pudieran atemperar un nocivo poder dominante, que afecta mercados, consumidores y pluralidad.
Si algo así sucede, se habrá consumado una contrarreforma, y quedará, una vez más demostrado en este país, cuánto miedo le tienen a Televisa.
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