Televisa, el “preponderante” en la sucesión presidencial adelantada (Segunda Parte)

Televisa, el “preponderante” en la sucesión presidencial adelantada (Segunda Parte)

Escrito por Jenaro Villamil el 30 junio 2014 a las 9:14 am en Destacadas, Telecomunicaciones

 

Segunda parte del reportaje aparecido en la edición 1965 del semanario Proceso. Consulta la primera parte aquí.

La preponderancia y “los focos rojos”

Javier CorralEl domingo 22 de junio, en vísperas del inicio de las discusiones en Senado sobre la ley de telecomunicaciones, en un nuevo encuentro con los negociadores del PRD y del PAN, el equipo de Videgaray aceptó el cambio de “sector” por “servicio” en los artículos 260 y 262, siempre y cuando se mantuviera el tema de la “cláusula Cablecom” porque “es un compromiso del gobierno con Televisa”.

En la iniciativa original de Peña Nieto, esta cláusula estaba redactada en el cuerpo del artículo 276 para que “tratándose de nuevas concesiones o concentraciones de agentes económicos dentro de cada uno de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el IFT a) Deberá reconsiderar la existencia o no de un agente preponderante en el sector determinado con poder sustancial”.

En otras palabras, de acuerdo al senador Javier Corral, se trata de un “artículo a la medida” para permitir que el plan de negocios de Televisa de adquirir Cablecom se fortalezca. Esta cláusula fue “reforzada” en un nuevo artículo 10 transitorio que permite a Televisa adquirir más empresas, incluyendo la sociedad con AT&T en DirecTV.

Los negociadores del PAN y del PRD aceptaron de manera ceder en este tema ante Videgaray, tal como se acredita en un mensaje denominado “Prioritarios PRD”, cuya copia obtuvo Proceso. A cambio, se acordaron otros avances que afectarían los intereses de Grupo Televisa.

Los otros acuerdos son: 1) preponderancia por servicio; 2) acceso de Telmex a televisión; 3) pago de contraprestación para multiprogramación; 4) regulación de propiedad cruzada; 5) plena autonomía del IFT; 6) producción independiente; y 6) modificar el polémico artículo de “Colaboración con la Justicia” que generó mucho descontento entre los activistas y organizaciones defensores del derecho al uso de internet libre.

En la negociación de ese domingo el gobierno federal también aceptó ir más allá. Acordaron abrir la comercialización a los medios de uso social, así como establecer una reserva del 20 por ciento del espectro -10 por ciento en AM y 10 por ciento en FM- para estaciones comunitarias y la posibilidad de que el IFT bajara spots de televisoras como medidas precautorias, según confirmaron a Proceso tres fuentes involucradas en estas negociaciones.

Estos avances iban mucho más allá de lo que Miguel Barbosa y los cinco senadores del PRD habían negociado días antes con otra parte del gobierno federal, encabezada por el consejero jurídico Humberto Castillejos, y también del “predictamen” que presentó el panista Javier Lozano.

Estos cambios prendieron los focos rojos en las oficinas de Azcárraga Jean, pero también de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, y al margen de las negociaciones con Videgaray. La última versión, cuya copia tiene Proceso, le otorga facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular publicidad y contenidos, salvo en el caso de la administración de los tiempos de Estado y la hora nacional.

El punto clave que expusieron negociadores del PRD, encabezados por Guadalupe Acosta Naranjo, para definir la preponderancia por “servicios” fue la redacción del numeral III del artículo 8 transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones que dice:

“Para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencias, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal Electoral”.

La iniciativa del Ejecutivo federal (artículo 260), el predictamen del panista Javier Lozano (artículo 254) y la versión de lo negociado por Miguel Barbosa y el gobierno federal (artículo 254) ignoraban lo establecido en este párrafo del artículo 8 transitorio de la reforma constitucional y establecieron que el IFT deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes por sector.

El documento presentado el lunes 23 de junio ante el Senado de la República, por un grupo de activistas como Aleida Calleja, actores como Daniel Giménez Cacho, Héctor Bonilla, y el presidente de la AMEDI, Agustín Ramírez, coincidió con el documento del Frente por la Comunicación Democrática que defiende también la regulación del preponderante por “servicio” y no por “sector”.

“El proyecto del gobierno pretende que sólo haya un preponderante por sector: uno para telecomunicaciones y uno para radiodifusión. Las telecomunicaciones están divididas en distintos servicios que son operados por distintos agentes: telefonía fija, móvil, internet y Tv de paga (cuádruple play). En radiodifusión: radio y televisión abierta. Esta pretensión tiene el propósito de proteger claramente a Televisa para dejarla libre de regulación en la televisión de paga”.

El mismo día que se presentó el documento de los “31 puntos irreductibles” de la sociedad civil, el senador panista Javier Corral hizo mención a las diferentes mesas de negociación que se abrieron con el gobierno federal, fuera del Senado y de las comisiones dictaminadoras.

El panista advirtió: “El gobierno federal ha logrado dividirnos a los del PAN y del PRD. Ha abierto varios flancos de y mesas de negociación para ver dónde compra más barato y hacer pasar la segunda temporada de la Ley Televisa”.

Efectos del Escándalo Purificación

Una de las legisladoras que participó en la redacción y revisión de los documentos que el PRD negoció con Videgaray fue la diputada Purificación Carpinteyro, cercana a Guadalupe Acosta Naranjo y al dirigente nacional perredista Jesús Zambrano, quienes participaron en este proceso.

Los comentarios de Carpinteyro se observan en algunos artículos del borrador citado. Por ejemplo, al definir al Operador Móvil Virtual (OMV), la diputada federal propuso:

“Eliminar toda referencia, tanto a comercializadores como OMV dado que los que les brindará acceso es la condición de concesionario”.

El OMV se definió como “toda persona que, sin contar con una concesión de espectro radioeléctrico, proporciona servicios de telecomunicaciones a usuarios finales mediante el uso de capacidad de una red pública de telecomunicaciones”.

Dos días después, en las grabaciones de una llamada telefónica de Purificación Carpinteyro, filtradas desde un servicio de espionaje a un medio digital, y luego retomadas por todos los medios, la diputada federal del PRD habla precisamente de hacer un negocio con un Operador Móvil Virtual, al estilo de la compañía Virgin Mobile.

El escándalo de Carpinteyro detonó también justo dos días antes que la diputada federal del PRD tuviera una reunión con un comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que había aceptado reunirse con un grupo de 30 diputados federales tanto del PRD, como del PAN, PT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.

Quien convocó a estos comisionados fue Carpinteyro para que los comisionados explicaran los alcances de sus atribuciones en relación con la ley secundaria de telecomunicaciones. Hasta el martes en la tarde, poco antes de que detonara el escándalo, ya habían confirmado asistir 4 de los 7 comisionados que integran el órgano autónomo. Entre ellos no estaba el presidente Gabriel Contreras Saldívar.

Carpinteyro no negó la veracidad de las grabaciones, pero también rechazó que se tratara de un conflicto de interés. Afirmó que “los verdaderos enemigos son los monopolios, no yo”.

El golpe contra la diputada federal del PRD surtió efecto. Se suspendió el encuentro entre comisionados de IFT e integrantes de la Cámara de Diputados. En el Senado, tanto en la bancada del PAN como en la del PRD se defendió dejar la predominancia por “sector” y no por “servicio”. Una larga “encerrona” de dos días de los 22 diputados federales del PRD no terminó por resolver el dilema de éste y otros puntos conflictivos de la iniciativa del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, admitió que “existen diferencias sustanciales” en la bancada sobre los temas de preponderancia “por sector o por servicio”, “poder sustancial del mercado”, “propiedad cruzada y medidas asimétricas”, entre oras.

Por si fuera poco, Javier Lozano, el senador panista cuyo dictamen fue desacreditado por el PRD y por buena parte de su propia bancada reapareció. Se tomó fotos con Gustavo Madero, a quien dos meses antes lo llamó “corrupto” en la contienda interna del PAN, y presumió en Twitter una comida con Miguel Barbosa, coordinador perredista.

“Comí con Lozano sin ninguna formalidad. Me comentó la ruta que él trae como propuesta para desahogar el tema de telecomunicaciones y yo no iba con una posición del grupo para decir estar de acuerdo o no”, afirmó Barbosa al referirse al encuentro con el panista.

-¿No hay incongruecia? –se le preguntó.

-Por favor, somos profesionales de la política –se defendió Barbosa.

El “Dilema” de Gustavo Madero

El otro efecto del escándalo de Madero y de las presiones de Televisa para que se aceptara el acuerdo con Castillejos –cercano también a la línea de la Secretaría de Gobernación- para dejar la regulación de predominancia “por sector” fue el deslinde del presidente nacional del PAN, Gustavo Madero.

En un comunicado emitido el 26 de junio, Madero cantinflea para decidir si debe ser “por sector” o por “servicio”. “Debe aclararse que la predominancia se declare cada vez que se presente en alguno de los servicios de un sector y no sólo cuando se dé en el conjunto de todos los servicios del sector”, afirmó.

“Debo reconocer que sobre este dilema nunca pudimos alcanzar un acuerdo con el gobierno federal ni con el PRI y que esto puede poner en riesgo la eficacia del órgano regulador, al no contar con una norma jurídica que le permita combatir a los monopolios que se pretenden someter al interés general y a las condiciones de competencia y apertura económica para dinamizar los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, generar inversión, propiciar la convergencia y beneficiar así a los 120 millones de habitantes de nuestro país”, afirmó Madero.

En entrevista, Javier Corral, quien apoyó a Madero en la contienda interna contra Ernesto Cordero, no tiene ningún dilema ni duda: “este comunicado demuestra el poder de Televisa. Fue la única capaz de juntar a Lozano con Madero. Y el documento de éste es engañoso: no hay ningún dilema. La Constitución dice que debe ser regulado por servicios”.

“El único dilema para Madero es si protege o no a Televisa”, sentenció Corral.

-¿Este comunicado tendrá consecuencias en la correlación de fuerzas de la bancada del PAN? –se le cuestionó.

-Por supuesto. Ya autorizó, como presidente del CEN del PAN, para que un grupo de senadores del PAN le den mayoría al PRI en este tema.

La “Línea” de Televisa

El mismo día que se dio a conocer el comunicado de Madero y que el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, afirmó que la preponderancia deberá ser regulada por “sector”, Grupo Televisa publicó un desplegado de página completa para recriminar la cobertura periodística de Reforma, pero también para no dejar duda de su posición en este debate.

“Reforma no informó que la letra misma de la Constitución establece que a preponderancia es por ‘sector’ (Octavo Transitorio, Fracción III de la Constitución). La Carta Magna establece que: ‘El concepto de preponderancia considera a todo un sector, a diferencia de un mercado en particular, idea que resulta relevante en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión toda vez que se trata de economías de redes, y por el desarrollo de la convergencia tecnológica y de infraestructuras”, afirma el consorcio en el desplegado, publicado por Alejandro Olmos Cruz como su responsable.

Televisa volvió a emprender críticas contra el senador Javier Corral porque “desde hace años encabeza una campaña para descalificar a Televisa” y es una “fuente que mantiene un conflicto de interés derivado de un adeudo con Televisa por la contratación de servicios (spots publicitarios) que se negó a pagar en su momento, por lo que fue llevado a juicio, mismo que perdió, y que aún sentenciado como deudor moroso, se ha negado a pagar”.

Televisa no se fue por las ramas. Afirmó que los argumentos de una preponderancia “por servicio” “son los mismos que, el pasado 3 de abril, presentó en el Senado de la República el representante de MVS-Dish, quien también ha representado los intereses de Telcel y Telmex”.

En la noche del mismo viernes, el presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó que el organismo regulador “ya determinó que existe un agente preponderante en el sector de telecomunicaciones y otro en el sector de radiodifusión”.

Al ser cuestionado si debe ser regulado por “sector” o por “servicio” Contreras sentenció: “nosotros, por esa razón, declaramos la existencia de un agente económico por sector”.

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